Con expertas de Argentina y Bolivia, el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres realizó un conversatorio sobre los desafíos para el ejercicio pleno de los derechos reproductivos. En el evento analizaron las realidades de los dos países latinoamericanos y sus legislaciones.
Agustina Ramón, docente de la Universidad de Palermo y Subsecretaria del Ministerio de Justicia de Argentina, indicó que esta temática se abordó en su nación no solo desde la normativa, sino también desde las políticas públicas y la rendición de cuentas. Enfatizó en la necesidad de pasar del paradigma de la legislación a las políticas públicas, para que los beneficiados palpen el apoyo del Estado; así como desde la transparencia, para que sepan cómo exigir sus derechos.
Por su parte, Moira Rimassa, activista de derechos y consultora de Bolivia, indicó que su país recibió recomendaciones de los Comités para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de Derechos Humanos para que adopte medidas necesarias con el fin de mejorar las políticas de este tipo de derechos.
Manifestó que, en ese sentido, se trabajó en el Código de Sistema Penal, que estuvo a cargo de una Comisión Bicameracal, con la participación de organizaciones, colectivos, gremios y otras agrupaciones. Se refirió a articulación entre mandatos que sobre este tema tiene la legislación internacional, la Constitución de su país y las leyes.
En cuanto a los avances en derechos, los legisladores del Grupo Parlamentario resaltaron en Ecuador la aprobación, por unanimidad, del proyecto de Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que ahora tiene un veto parcial, mismo que falta por resolver en el Pleno.
Mónica Alemán, quien coordina el colectivo parlamentario, recordó que frente a la triste realidad del incremento de femicidios en el país, el grupo planteó el 17 de agosto de 2017 un proyecto de ley de esta naturaleza, que luego fue unificado con una propuesta del Ejecutivo. La iniciativa, que ahora está en trámite, busca garantizar los derechos de las mujeres a vivir en un ambiente de paz.
LILA/pv
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