El Pleno de la Asamblea tramitó en primer debate el proyecto de reforma a la Ley de Aviación Civil, que está encaminada a poner plazos para que, en caso de accidente o incidente aéreo, la Junta de Investigación (JIA) tenga un año para entregar el informe.
En el debate los asambleístas advirtieron que la norma no solo busca prevenir los accidentes aéreos, sino también que las autoridades aeronáuticas tomen acciones para reducir el riesgo. Igualmente, que los aeropuertos ofrezcan las garantías al aterrizar y despegar las aeronaves.
Las reformas armonizan la ley nacional con las normas internacionales, brindan un ambiente de tranquilidad a los usuarios, promueven un servicio de transporte aéreo accesible e infraestructura de calidad y segura, bajo la premisa de constantes mejoras, nuevas tecnologías, medidas de prevención de accidentes.
Los legisladores coincidieron con que su aprobación urge como alternativa para mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios y acelerar los procesos de investigación. Resaltaron la importancia de las investigaciones para tener un seguimiento sostenido y permanente.
Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico que analiza el tema, aseveró que el accidente ocurrido en el aeropuerto Mariscal Lamar en Cuenca, en abril de 2016, provocó el debate de esta propuesta.
Explicó que el informe de la Comisión establece que la Junta de Investigaciones de Accidentes (JIA) tendrá autoridad e independencia para investigar los hechos, circunstancias y causa del accidente o incidente, para lo cual la Dirección de Aviación Civil asignará todos los recursos necesarios, así como establecer un plazo luego de ocurrido el accidente o incidente aéreo para que la JIA elabore un plan de investigación.
Patricio Donoso señaló que la legislación ecuatoriana no cuenta con un Plan de Investigación. En esa medida, invocó a armonizar las reformas a la Ley de Aviación Civil.
Sugirió juntar la autonomía de la JIA con la dotación de los recursos necesarios por parte de la Aviación Civil, conjuntamente con la flexibilización de los tiempos para que la investigación culmine con éxito y sirva de insumo para precautelar los subsiguientes vuelos y tener menos accidentes aéreos.
Con la necesidad de aprobar el proyecto en forma urgente, coincidió Fernando Burbano, quien aseguró que el proyecto se ajusta a la normativa internacional respecto a lo que se debe hacer en temas de investigación de accidentes aéreos.
Opinó que todos los aeropuertos del país deben ofrecer seguridad, a fin de que Ecuador se consolide como un destino turístico.
De su lado, René Yandún comentó que la Junta de Accidentes no cuenta con los recursos suficientes y el equipo técnico científico para cumplir a cabalidad los procesos de investigación.
Carlos Viteri planteó, desde una visión constructiva, la modernización institucional, a la vez que subrayó que en la Amazonía se han dado lamentables y dolorosos accidentes aéreos, donde es necesario revisar todos los protocolos de seguridad y aplicar estándares de nivel internacional.
Mauricio Proaño indicó que el proyecto dispone a la Junta de Investigación de Accidentes que formule un plan de investigación en seis meses. Se mostró partidario de ofrecer cierto subsidio a las empresas aéreas para que cubran rutas que no generan rentabilidad.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, recogerá las observaciones para analizarlas en una matriz, previa la elaboración del informe para segundo debate.
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