La presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Marcela Aguiñaga, al sustentar el informe para primer debate del proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción, subrayó que el objetivo es evitar la impunidad, especialmente en delitos contra la administración pública.
Enfatizó que la corrupción es un tema sensible, que atañe a todos los ecuatorianos. Sin embargo, precisó que no se pueden utilizar herramientas demagógicas que vayan en contra de los preceptos constitucionales.
Sobre la propuesta de Ley y el conjunto de reformas legales que contempla el proyecto, dijo que la Comisión acordó tratar las mismas por cuerdas separadas. En cuanto a las propuestas de reformas al Código Integral Penal (COIP), recordó que los temas giran en torno a la suspensión de derechos de participación, prohibición para celebrar contratos con el Estado, indulto, amnistía, entre otros.
“En este compromiso se ha resaltado la coherencia, su convicción, su despojo para buscar y dar herramientas al sistema judicial y administrativo en una lucha inclaudicable contra la corrupción, sobre todo para que este tipo de delitos, reprochables contra la administración pública, no queden en la impunidad”, enfatizó la legisladora.
Aguiñaga reiteró la necesidad de dar una lucha frontal, sin cuartel para todos aquellos que de alguna forma vulneraron, estafaron y traicionaron la confianza que les dio el pueblo ecuatoriano y aquellos que en el ejercicio del servicio público se han beneficiado de los recursos del Estado.
Explicó que esta propuesta recoge nueve proyectos relacionados con la lucha contra la corrupción, que tienen que ver con reformas al Código Integral Penal, a las Leyes de Contraloría, de Servicio Público, del Sistema Nacional de Contratación Pública y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Según la legisladora, luego del tratamiento de este proyecto fueron planteados otros, con nuevas temáticas, mismos que serán revisados en la elaboración del informe para segundo debate.
En el ámbito de las reformas al COIP, mencionó que se incorpora en el artículo 68 la disposición para que las personas sentenciadas por concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y testaferrismo se les aplique una suspensión de sus derechos de participación por un período entre 10 a 25 años.
En el artículo 60 se incorpora como pena no privativa de la libertad, la inhabilitación para la contratación con el Estado.
En lo referente al artículo 74, se dispone que no se puede otorgar indulto a personas que hayan sido sentenciadas por este tipo de delitos o todos aquellos que se denominan tipos de delitos contra la administración pública.
En este mismo sentido, dijo, se han propuesto las reformas a los artículos 279, 280, 281, 285, 286 y 289, de modo que las personas sentenciadas por peculado no puedan ejercer cargos públicos de por vida.
En concordancia con esta disposición, explicó, se ha incorporado la posibilidad de disolver y liquidar las personas jurídicas que han tenido participación en el cometimiento de este tipo de delitos y que hayan recibido sentencia condenatoria.
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