El Pleno de la Asamblea Nacional inició el primer debate del proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción. Una de las conclusiones que se percibe en todas las intervenciones de los legisladores fue que es necesario evitar la impunidad en delitos contra la administración pública. La propuesta y el informe aprobado por la Comisión de Justicia para el primer debate recoge nueve proyectos relacionados al tema.
El proyecto de ley tiene que ver con reformas al Código Orgánico Integral Penal y las leyes de la Contraloría General del Estado, de Servicio Público, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y del Servicio Nacional de Contratación Pública.
El legislador Luis Fernando Torres fue el primero en pedir la palabra. Aseguró que las leyes no deben fundamentarse en la opinión pública, sino en la naturaleza de los seres humanos y los procesos históricos. Dijo que cuando se legisla con base en la opinión pública se cometen errores y se cae en la injusticia. Se refiere a que no se trata de aumentar las penas, sino de sancionar de forma debida las conductas punibles. Además, hizo énfasis en que la ley no debe servir para acorralar a los funcionarios públicos. Por ello pidió una repuesta oportuna y bien planteada.
Informe de Contraloría
Uno de los puntos que centró el debate fue el hecho de que ya no se necesitará el informe de la Contraloría hasta que termine la instrucción fiscal para delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. En otras palabras, el Fiscal podría empezar la indagación, pero en el momento que quiera acusar debe contar con el informe de la Contraloría para iniciar la instrucción fiscal, lo que para los legisladores es un acierto. “La Asamblea debe enviarle un mensaje claro al país y es que vamos a combatir la corrupción lejos de la barra brava”, insistió.
La asambleísta Soledad Buendía propuso que en el proyecto se adhiera el que se inhabilite y prohíba que los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de asambleístas, ministros, secretarios de estado, alcaldes, consejeros, concejales, Presidente o Vicepresidenta de la República ocupen cargos directivos en las instituciones públicas. Es decir, si se acoge la propuesta estarían inhabilitados en todo el sector público, para participar en concursos de méritos y oposición también en la Función Judicial y tampoco podrán ser parte de ternas en ninguna designación en el sector público.
Populismo penal
Lourdes Cuesta también está de acuerdo con que la lucha contra la corrupción es una obligación de todos. Ella habló del populismo penal y está de acuerdo con Luis Fernando Torres en que el endurecer las penas no quiere decir que se dejen de cometer los delitos. “Los análisis que debemos hacer deben tener un sustento técnico, no se puede poner a nuestro antojo penas de 25 años. No se pueden tipificar sanciones porque sí”, recalcó Cuesta.
Mientras, el legislador Mariano Zambrano pidió que se regule el tema de obsequios y cortesías a funcionarios de diferentes niveles de gobierno cuando actúan como representantes, pues cree que no pueden pasar al patrimonio de los funcionarios, sino que deben ser declarados como propiedad del Estado.
Henry Cucalón dijo que hay que limitar el concepto del indulto, para que no se otorgue cuando los delitos vayan en contra de la administración pública. Por su parte, Franklin Samaniego habló de los mecanismos de corrupción que se internacionalizaron y van más allá de un gobierno, país o posición con consecuencias que afectan a la sociedad entera.
MC/pv
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