Con diez intervenciones se abrió el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción, que plantea la muerte civil, es decir, la imposibilidad de volver a ejercer un cargo público de por vida cuando la persona haya cometido delitos contra la administración pública. Frente a esta infracción los corruptos tampoco podrán contratar con el Estado.
Se castiga entonces a quienes hayan incurrido en peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias y testaferrismo. En esos casos, también se suspenden los derechos de participación por un lapso de 10 a 25 años. En cambio, para quienes denuncien actos de corrupción habrá acompañamiento y asistencia jurídica.
Las medidas no quedan ahí. El proyecto plantea, además, que para iniciar un proceso penal por peculado o enriquecimiento ilícito, en la etapa de investigación no se requerirá el informe previo de la Contraloría. Esto posibilitaría que el Fiscal solicite medidas cautelares, como prohibición de salida del país del sospechoso. Sin embargo, el documento del organismo de control será necesario para emitir un dictamen.
Para hacer viables estos planteamientos, la propuesta reforma varios cuerpos legales, entre ellos al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley de la Contraloría.
Durante las intervenciones en el Pleno, se planteó abrir el debate hacia otras aristas que permitan desterrar la corrupción. Silvia Salgado lo propuso. Para ella, se debe mirar a este problema como un fenómeno sistémico, que no es de hace uno o diez años atrás. Recordó algunos casos, como el Flores y Miel.
La asambleístas cree, también, que la corrupción no solo se enmarca en las malas conductas en las que incurren los ciudadanos, sino que hay que identificar cómo las mismas se generan dentro de una institucionalidad. Consideró que para enfrentar este mal es importante la educación, que no pierda de vista la conducta social y colectiva.
Además, propuso crear un nuevo tipo de peculado que juzgue a aquellos funcionarios que incurren en la omisión, lo que permite el cometimiento de actos ilícitos.
Para Patricio Donoso el combate a la corrupción es un tema en el que debemos estar inmersos todos, sin importar la bandera política. En el artículo en el que se plantea dar acompañamiento y asistencia jurídica a quienes denuncien la corrupción, propuso incluir otro inciso, con una redacción clara, que permita garantizar los derechos y libertades de los individuos para que no sean perseguidos.
Fernando Callejas insistió en la necesidad de incrementar penas en los casos de asociación ilícita y delincuencia organizada, con castigos que se compadezcan con el delito cometido. Pidió que quienes hayan perjudicado al Estado no tengan privilegios cuando ya son condenados y que devuelvan lo que han robado.
El debate de este proyecto se retomará en los próximos días.
LILA/pv
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