Cuando exista un accidente o incidente aéreo la Junta Investigadora de Accidentes (JIA) en un plazo máximo de 60 días deberá elaborar un plan de investigación que incluya las actividades, costos y tiempos necesarios para garantizar la efectividad de la investigación. El informe final lo presentará, de ser posible, en el plazo de doce meses, contado a partir de la fecha de ocurrido el suceso.
Esto es lo que la Comisión del Desarrollo Económico propone en el proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil cuyo informe para segundo debate se lo aprobó por unanimidad. “En el primer debate todas las intervenciones fueron positivas; no hallé a nadie que se oponga al proyecto, vamos por buen camino”, enfatizó Patricio Donoso, miembro de la mesa, antes de la votación.
El cuerpo legal sustituye el artículo 13, con el propósito de que el país cuente de manera oportuna con el informe sobre los incidentes o accidentes aéreos para informar a la ciudadanía y a los familiares de las víctimas mortales (en caso de haberlas) sobre los avances de los procesos de la investigación. De esta manera, se estableció un plazo.
Sin embargo, por la naturaleza de los accidentes, que pueden requerir investigaciones más extensas, el tiempo fijado en el proyecto es flexible. Establece que de no ser posible hacerlo dentro del plazo señalado, “la JIA deberá hacer pública una declaración preliminar en cada año de ocurrido el suceso e informará al menos de manera semestral indicando los pormenores del progreso de la investigación y cualquier cuestión de seguridad que se haya suscitado”.
En el informe se señala que este cambio se armoniza con lo que manda la normativa internacional, en especial con lo que ordena el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, suscrito por Ecuador en 1953, que establece los mismos términos para la entrega del informe final.
Según ese artículo, la JIA investigará y establecerá los hechos, circunstancias, causa o probable causa de un accidente o incidente de aeronave en la que tiene autoridad e independencia de investigar.
En los debates a los asambleístas y a los actores involucrados en este tema les preocupó los recursos económicos que se requieren para este tipo de investigaciones, por ello plantearon en el proyecto que la Dirección General de Aviación Civil asigne los recursos suficientes y necesarios.
LILA/pv
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