En Ecuador están registrados 1 millón 21 mil adultos mayores, por lo que el análisis del proyecto de Ley del Adulto Mayor causa interés, pues se prevé que para 2030 esa cifra se eleve y llegue a los 2 millones, es decir, casi la población que tiene la ciudad de Quito. En la Comisión de Derechos Colectivos están conscientes de la importancia de esta normativa, por lo que aceleran el tratamiento.
Esta mañana estuvo en la comisión Rocío Rosero, viceministra de Inclusión Económica y Social (MIES), quien dijo que al analizar el proyecto encontró aportes significativos que están en concordancia con el marco internacional y constitucional. Sin embargo, aseguró que aún existen pasos que es necesario dar. “Tenemos la oportunidad histórica de pagar la deuda social que el Estado tiene con los adultos mayores y este proyecto es la oportunidad de hacerlo”, recalcó.
La encuesta de salud, bienestar y envejecimiento, estableció que el 7.2 % de adultos mayores en el país recibieron amenazas, el 4.9 % fue víctima de algún tipo de violencia física, 14.7 % violencia psicológica, 3 % violencia sexual, 2.3 % fue llevado a un asilo de ancianos bajo amenaza, por lo que para Rocío Rosero, los antecedentes hablan de una atención tardía al tema del adulto mayor.
La Viceministra hizo ver las ventajas del proyecto como el que se elimina la visión asistencialista de la Ley del Anciano y la reemplaza con una visión de derechos. Además, recoge el criterio constitucional de que la persona mayor es quien cumplió 65 años, lo que permite establecer factores a la hora de proteger y garantizar sus derechos y establece la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y la familia, lo que hará posible trabajar en en conjunto con todos los involucrados.
El corazón de la ley
El punto medular de esta normativa, de llegarse a aprobar, sería el que se desarrollará el Sistema Nacional de Protección Integral de los Adultos Mayores. Además, establece el derecho de los adultos mayores a recibir una pensión por parte de sus familiares, esto permite extender la garantía y protección de derechos, porque se conoce de casos en los que quedan en la indigencia. Para el MIES, esto significa tener el marco en la política pública que permite la actuación más acorde con la realidad nacional, para prevenir la violencia y ampliar la cobertura de protección.
Juan Montaña, asesor jurídico del MIES, habló de los aportes del proyecto y dijo que los equipos técnicos del MIES apoyarán en la construcción de la ley. Insistió en que desde la perspectiva de ese Ministerio hay temas que deben ser más extensos para que la ley sea equilibrada. Con respecto a las sanciones hizo notar que existen algunas que chocan con el Código Orgánico Integral Penal.
Montaña, enfatizó en que luego de analizar el proyecto notó que el objeto de la ley debería ser la promoción y garantía de derechos constitucionales de los adultos mayores, “que es simple pero está lleno de significado”. También habló de proponer la garantía de servicios de calidad y prestaciones oportunas.
MC/pv
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