Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, en su comparecencia ante la Comisión de Régimen Económico, destacó la necesidad de garantizar transparencia y eficiencia en los procedimientos de contratación pública.
Precisó que para ello se requiere fortalecer las herramientas de automatización de procesos, que promuevan la transparencia de la información en línea, que ha permitido que los procesos de contratación sean automatizados y eficientes, incluyendo controles. Es fundamental impulsar la profesionalización, con fase de impugnación para incluir un control previo, enfatizó.
Sugirió analizar la constitucionalidad de la propuesta de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, respecto de las facultades privativas de la Contraloría para controlar el uso de recursos estatales una vez que estos han sido dispuestos. Dijo que la división de los controles establecida en el ordenamiento debe tomar en cuenta el control previo de cada entidad contratante, el control concurrente de SERCOP; y el control posterior de la Contraloría.
También afirmó que las entidades contratantes deben consultar el catálogo electrónico, con prioridad en el catálogo dinámico inclusivo, antes de iniciar procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición, añadió.
Indicó que si las entidades contratantes obtuvieran ofertas de mejor costo que las que consten en el catálogo electrónico, deberán informar al Servicio Nacional de Contratación Pública para que confirme que la oferta es mejor y adopte las medidas necesarias que permitan establecer tales costos, mediante la celebración de Convenios Marco.
Informó que desde esta institución se preparan algunas reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, mismas que serán enviadas a la Asamblea Nacional.
Gustavo Bedón y Marco Prado, de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República mencionaron que existen 639 procesos administrativos contractuales que deben ser liquidados y terminados, pero al existir omisiones de carácter jurídico no se puede dar el cierre de los mismos, por lo que en las reformas que se trabaja con el SERCOP se incluyen algunos de estos aspectos.
Dieron conocer que se han registrado retrasos en la acreditación del anticipo, falta de definición de roles de fiscalizador, supervisor y administrador del contrato; porcentaje para el balance aritmético en contratos complementarios; obras sin liquidación de predio y permisos; terminación anticipada que no se puede recuperar anticipos no devengados.
Propusieron que se cree una disposición transitoria para que los contratos de obras que habiendo superado los límites de inversión establecidos en la ley y se encuentren paralizados o suspendidos, la entidad contratante termine anticipadamente y liquide el contrato para realizar un nuevo proceso de contratación observando los procedimientos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, a fin de cumplir el objetivo contractual inicial.
Pabel Muñoz, presidente de la Comisión, pidió a los funcionarios un detalle de las 639 obras paralizadas. Dijo que es necesario analizar la propuesta presentada para dar solución a las obras que se encuentran paralizadas, para que no se genere un control con altísimas prerrogativas o se establezca el camino libre para dar por terminados los contratos, violentando los procedimientos.
Ángel Loja y Francisco Donoso, responsables del área Jurídica del Ministerio de Obras Públicas, plantearon que el trámite expropiatorio para temas viales sea diferenciado.
Creen que el tema de la declaratoria de utilidad pública no merece impugnación. En este sentido, lo que se busca es agilitar los trámites, cumpliendo los plazos de las expropiaciones, añadieron.
Frente a ello, los parlamentarios señalaron que el proceso de expropiaciones e indemnizaciones para la obra pública debe ser ágil, porque cada obra que se retrasa al país le cuesta millones.
Diego Valencia, subsecretario del Ministerio de Inclusión Económica, expresó que se podría la utilizar las ferias inclusivas para promover los procesos de contratación pública.
Propuso reformar el Reglamento a la Ley de Economía Popular y Solidaria, a fin de establecer que el procedimiento de ferias inclusivas sea exclusivo para la economía popular y solidaria.
Sugirió que en el catálogo electrónico se incorpore a las micro y pequeñas empresas, que el plazo de ejecución del contrato corra a partir de la entrega del anticipo, en razón de que generalmente y por sus condiciones, los actores de la economía popular y solidaria no cuentan con un capital de trabajo.
Sobre este tema, los parlamentarios consideraron oportunas las observaciones y propuestas presentadas por el Ministerio de Inclusión Económica, con el fin de dar impulso a los ferias inclusivas.
JLVN/pv
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