¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3? Esa fue una de las siete preguntas planteadas en la consulta popular del pasado 4 de febrero.
Justamente ese fue el tema de debate en la segunda parte de la tercera sesión de la Comisión para el Trámite de las Leyes de Aplicación de las Preguntas 3 y 6 de la Consulta Popular efectuada el 4 de febrero de 2018, en donde el tema central de análsis fue la propuesta del presidente Lenín Moreno de integrar al Consejo Nacional Electoral (CNE) como filtro en el proceso de selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
En primera instancia intervino Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, quien fue recibida en comisión general. Ella solicitó acompañar durante todo el trabajo de la comisión, pues aseguró que la memoria histórica del proceso en Montecristi les da la facultad de aportar con criterios técnicos y jurídicos para que se cumplan las expectativas de los ecuatorianos luego de la consulta popular, pedido que inmediatamente se aceptó.
El legislador Patricio Donoso aseguró que el CNE tiene que llevar un proceso, pero no preseleccionar a quienes deben conformar el Cpccs. “No podemos sacrificar democracia por facilidad de voto”, se refiere al número de candidatos que saldrán para ser miembros del Cpccs, pues según dijo, “la democracia está primero, la decisión del pueblo es primero. La participación ciudadana es clave en este proceso que será un ejemplo a futuro”, por lo que tienen que respetar lo resuelto en la pregunta tres de la consulta popular.
Otros puntos de vista
La asambleísta Ximena Peña, en cambio, cree que el proyecto presentado por el Presidente de la República no violenta lo decidido por el pueblo en lo que respecta a la elección popular de los miembros del Cpccs. “Hay que tener un filtro y evidenciar el mecanismo más idóneo para que se cumpla el mandato popular”, recalcó.
Con Peña coincide Daniel Mendoza, presidente de esa comisión, para quien se trata de una gran oportunidad para reformar lo que no funciona. Además, aseguró que la participación ciudadana se mal usó en todos los espacios posibles y ratificó que la propuesta del Presidente recoge el sentido ciudadano. “El problema no es el mecanismo, sino la falta de confianza en la institucionalidad, pues el CNE es el llamado a ser el filtro en el proceso de selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”.
El asambleísta Luis Fernando Torres, sostiene que el CNE debe dedicarse a verificar el cumplimiento de requisitos, pero no a seleccionar candidatos y propuso que cada organización social local presente un candidato. “El mandato popular requiere la participación de un organismo técnico y lo menos político posible, para trabajar de manera independiente en contra de la corrupción y control de las instituciones del Estado”, dijo.
MC/pv
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