La Comisión de Régimen Económico escuchó las propuestas del sector privado en torno a las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Al seno del organismo legislativo acudió Enrique Pita, de la Cámara de la Construcción del Ecuador, quien indicó que las modificaciones a la ley permitirán mejorar su aplicación a efectos de garantizar la transparencia, eficiencia y evitar actos de corrupción que lamentablemente se dan en la contratación pública.
La corrupción es un tema grave, dijo al señalar que de acuerdo con cifras del Banco Mundial el valor total de contrataciones en el mundo es aproximadamente de 10.9 % del PIB mundial. El pago anual en sobornos es cerca de un trillón, la pérdida estimada de inversión con fondos públicos es entre el 10 % y el 30 % mundial. Lamentablemente a quien perjudica es la gente más pobre y de alguna manera limita la posibilidad de destinar recursos para obras para los sectores más desprotegidos, añadió.
Señaló que existen leyes que tratan del mismo asunto en materia de contratación pública y que de alguna manera no se relacionan lo cual genera un ambiente de duda en su aplicación impidiendo la transparencia de los procesos.
Los contratistas queremos trabajar, presentar ofertas en real competencia, no ser extorsionados en un momento dado. Lo ideal es tener un ambiente claro para enfrentar estas ofertas y eso se logrará cuando exista una plataforma que permita que toda la información que se relaciona con todo el concurso público pueda ser vista por todos, enfatizó.
Mencionó que el Sercop es el órgano rector, pero no controla ni supervisa, ni sanciona denuncias precontractuales en los procesos, a la vez que sugirió expedir modelos obligatorios de documentos precontractuales y contractuales, aplicables a las diferentes modalidades y procedimientos de contratación pública, para lo cual deberá ser revisados por el SERCOP y contar con la asesoría de la Procuraduría y la Contraloría.
Pita advirtió que cuando el Estado no cancela a tiempo a los contratistas, éstos a su vez no pueden pagar sus obligaciones con el SRI o el IESS, consecuentemente les suspenden el RUC y les imposibilitan a seguir trabajando, por tanto, propuso que cuando el Estado se encuentre en mora de pago en un contratista, éste no sea sancionado por incumplimiento de pagos de sus obligaciones en instituciones públicas.
En cuanto a la subasta inversa dijo que debe ser aplicada exclusivamente para la adquisición de bienes y servicios normados que no consten en el catálogo electrónico, no así para la construcción y/o mantenimiento de obras.
De su lado, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret propuso realizar un taller a efectos de que todos los sectores involucrados en materia de contratación pública, puedan exponer sus observaciones, necesidades y dificultades que enfrentan, criterio que fue acogido por los legisladores.
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