La Asamblea, con 85 votos, exhortó a la Corte Constitucional que, dentro del marco constitucional y legal vigente, dé oportuna atención al trámite del recurso extraordinario de protección, signado con el número 0604-09-EP, que ha sido propuesto por las y los ex trabajadores del Ingenio AZTRA.También, exige al Consejo de la Judicatura que, velando por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial, investigue la actuación de las y los jueces que han conocido las demandas de las y los ex trabajadores del Ingenio AZTRA.
Pidió a la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social que emita un informe respecto de las demandas presentadas por la y los ex trabajadores del Ingenio azucarero; y, que, de ser el caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, presente ante la Corte Constitucional un escrito de amicus curicae hasta antes de que ésta dicte la sentencia correspondiente al recurso extraordinario de protección signado con el número 0604-09-EP.
Así mismo requerir a la de Transparencia la inmediata investigación del proceso de liquidación de la compañía Ingsa, Ingenio La Troncal SA, a fin de verificar su estricto apego a las normas constitucionales y legales vigentes.
La Asamblea notificará, con la presente resolución a los presidentes de la Corte Constitucional y del Consejo de la Judicatura; al Ministro de Relaciones Laborales; al Titular del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, a los representantes de la “Asociación de ex Trabajadores del Ingenio Aztra Luchando por la Justicia”.
La autora del proyecto de resolución, María Augusta Calle, argumentó que la venta del Ingenio Aztra al señor Roberto Isaías Dassum, por parte de la Corporación Financiera Nacional, en el año 1994, provocó el despido intempestivo de 3 557 trabajadores, actualmente agrupados en la “Asociación de ex trabajadores del Ingenio Aztra Luchando por la Justicia”, que luego de dieciséis años y una vez agotados todos los recursos jurídicos no han sido debida ni legalmente indemnizados.
Señaló que el 21 de junio de 2001, la Función Legislativa aprobó la resolución No.22-094-R, con la finalidad de exigir el respeto de los derechos de las y los ex trabajadores del Ingenio Aztra, en atención a lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución vigente a esa fecha.
Enfatizó que el retardo injustificado en la administración de justicia ha causado perjuicios irreparables a las y los ex trabajadores del Ingenio Aztra que, en su mayoría, son adultos mayores y merecen recibir atención prioritaria.
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