Con la presencia de la Defensoría Pública y el Consejo de la Judicatura, la Comisión de Justicia, intensificó el debate de las reformas penales, referidas a delitos contra la vida, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, aborto, entre otros.
A criterio de Ernesto Pazmiño, Defensor Público, es fundamental discutir ampliamente el tema de la despenalización del aborto, cuando el embarazo es fruto de la violencia más fuerte que tiene una mujer, como es una violación.
También se refirió a la necesidad de despenalizar el uso del cannabis, para fines terapéuticos y medicinales, ya que en otros países se lo considera una herramienta que permite disminuir dolores del cuerpo.
Pazmiño, también dijo que urge destrabar algunos candados que tiene el Código Penal, para luchar de manera efectiva, contra la corrupción. Se debe facilitar que el Fiscal inicie una acción penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito sin necesidad del informe previo de la Contraloría. “Es indispensable revisar la desproporcionalidad de las penas, ya que una persona que roba un animal recibe una pena mucho mayor de quien atraca los fondos públicos”, enfatizó.
Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura, presentó cifras sobre la judicialización del aborto, desde la vigencia del COIP, en agosto de 2014: siete en 2014; 14 en 2015; 25 en 2016; 43 en 2017; y, 4 en lo que va del 2018. Estos casos de abortos, han terminado con sentencia condenatoria, el 46% con sentencia ratificatoria de inocencia, incluyendo los sobreseimientos y archivos. “Actualmente, no existe ni una mujer privada de libertad por este delito”, expresó.
En este contexto, según Arbito esta conducta es mínima dentro de la carga penal, tomando en cuenta que las actuaciones de mayor incidencia son los delitos contra la propiedad, tráfico de estupefacientes y la porta de armas.
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