Con el voto unánime de 123 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate, el proyecto de Ley de la Circunscripción Especial Territorial Amazónica, que busca propiciar el desarrollo de este sector del país, sobre la base de aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice el Sumak Kawsay o Buen Vivir, para toda la población.
La conservación de sus ecosistemas, el desarrollo sostenible, la biodiversidad, el derecho a la educación en todos los niveles, su patrimonio cultural, la memoria social, la interculturalidad y la plurinacionalidad, a fin de compensar las inequidades existentes y promover el desarrollo equitativo en la AmazonIa, son entre otros, los objetivos del proyecto de ley.
Al mocionar la aprobación de esta normativa, el ponente Yofre Poma, agradeció a las más de 250 intervenciones que recibieron en la Comisión de Biodiversidad, tanto en la Asamblea, como en territorio amazónico, a cada uno de los prefectos, alcaldes y miembros de juntas parroquiales que expresaron sus puntos de vista sobre este proyecto. “Hoy, vamos a hacer justicia con la región Amazónica”, dijo.
En la parte final del debate, varios asambleístas enfatizaron temas como la justicia para la Amazonia, así como el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 259 de la Constitución, por el cual, con la finalidad de precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico, el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas de desarrollo sustentable que, adicionalmente compensen las inequidades de su desarrollo y consoliden la soberanía.
Henry Moreno, de la provincia de Pastaza, subrayó que este proyecto recoge las aspiraciones de los pueblos amazónicos. “No estamos requiriendo una dádiva, no estamos pidiendo un favor, estamos ejerciendo un derecho consagrado en la Constitución”, manifestó, al destacar que se trata de una ley que no es política, sino social.
Entre tanto, Lira Villalva, de Tungurahua, recordó que los recursos que se destinan para cantones y parroquias de las provincias de Chirmborazo y Tungurahua, son un reconocimiento a sectores amazónicos que tienen derecho a ese beneficio, no solo por la disposición constitucional que las ampara, sino por historia. “Esos fondos deben ser auditados para evaluar si hay un manejo responsable, a beneficio de la población”, agregó.
De su lado, Brenda Flor, representante de la región insular, recordó que en 2015 se aprobó la Ley de Régimen Especial para Galápagos, que tiene características particulares en materia de desarrollo, por tratarse de una zona megadiversa. “Hoy, sobre la base de la experiencia que hemos tenido en la aplicación del proyecto, pudimos aportar para la construcción de la Ley Especial Amazónica y nuestro voto es de repaldo para esta normativa”, señaló.
Para César Rohón, de Guayas, lo fundamental es que la ley potencie el desarrollo económico, social y productivo de la Amazonia, con una institucionalidad que garantice una adecuada administración de los recursos y no a través de un Consejo que, por su conformación, se convierta en una nueva traba burocrática. “Tiene que ser un organismo ejecutivo, eficaz y eficiente, al servicio de los ciudadanos”, concluyó.
El proyecto, en las próximas 48 horas, será remitido al Ejecutivo para su análisis, sanción u objeción.
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