La madrugada del 27 de enero de 2018, un coche bomba explota en las afueras del Comando Provincial de Policía en San Lorenzo. De ese atentado resultaron 28 personas heridas, 100 personas evacuadas a albergues temporales y 37 casas destrozadas. Tres días después del gabinete binacional, el 17 de febrero, una patrulla militar ecuatoriana respondió ataques del otro lado de la frontera. El 19 de febrero, se registra un segundo ataque, en el sector de El Pan, donde resultaron heridos dos militares ecuatorianos.
Los hechos violentos no se detienen y el jueves 22 de febrero, un vehículo explotó en la Panamericana Sur, en la provincia de Chimborazo. Luego, el 18 de marzo, dos militares resultaron heridos en un nuevo enfrentamiento en El Pan. El 16 de marzo, cerca de Borbón se registra un nuevo ataque contra la Armada de Ecuador y el último domingo, una camioneta militar fue impactada con explosivos en la vía San Lorenzo-Ibarra y otro hecho en el que tres militares resultaron heridos.
Esos son los datos cronológicos entregados por el legislador Carlos Viteri Gualinga, quien aseguró que pedirá al Pleno de la Asamblea se convoque a comparecer a los ministros de Defensa Nacional, Interior, Relaciones Exteriores y de Vivienda, así como al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para que expliquen lo que sucede y las acciones que toma Ecuador para frenar estos hechos de violencia.
Afectaciones
Según el legislador, se trata de una situación que podría salirse de control y que empieza a afectarnos como país, porque se pone en riesgo la seguridad integral de los ecuatorianos. “Esto puede causar consecuencias incalculables, pues se altera la vida de los habitantes de las zonas declaradas en Estado de Excepción. Además, afecta a la economía no solo de los lugares donde ocurren estos hechos, sino a todo el país”, dijo Viteri, quien preguntó qué sucedería si estos atentados ocurrirían en Quito o Guayaquil.
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