La legisladora Karina Arteaga, acompañada de un grupo de trabajadores, acudió a la Corte Constitucional para exigir el pronunciamiento de este órgano sobre las demandas contra el artículo 15 de la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, que determina el límite para la distribución de utilidades del sector privado.
La representante de la provincia de Manabí reiteró su compromiso personal y como Asamblea Nacional de trabajar por el respeto a la garantía de los derechos de los trabajadores, con el fin de evitar el retroceso y restricciones de las conquistas laborales.
Son cerca de 17 mil trabajadores del sector privado que esperan con ansias el pronunciamiento de la Corte Constitucional, dijo Karina Arteaga, al recordar que la Legislatura aprobó un resolución por la cual se insta para que emita su dictamen de forma urgente y prioritaria a fin de saber la constitucionalidad o no del artículo 15 de la Ley de Justicia Laboral, cuyo contenido fue agregado luego del artículo 97 del Código de Trabajo y que determina el límite para la distribución de utilidades del sector privado.
“Hoy, no solo se reclama la eliminación del techo de las utilidades, sino que ese 15% tiene que estar distribuido para las cargas familiares, para todas las personas con discapacidad que están a cargo de ellas”, precisó.
Tras felicitar a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas Guerrero, por asumir este cargo, dijo que ella de manera decidida, mostró su compromiso con esta causa justa de los trabajadores a la vez que indicó que, inclusive, el presidente de la República, Lenín Moreno, mostró su respaldo a este pedido.
Explicó que el capítulo 1 de las reformas al Código de Trabajo, artículo 15, fija límites para la distribución de las utilidades de los trabajadores del sector privado, las que no pueden pasar de 24 salarios básicos unificados, situación que se contrapone con lo estipulado en el artículo 328 de la Constitución, el cual determina que el límite de las utilidades se aplica a las empresas de explotación de recursos no renovables, sin hacer mención a las demás del sector privado.
Mencionó que el acuerdo ministerial 93, del año 2017, que regula la distribución de utilidades dispuesta en la Ley, afecta no solamente el derecho de los trabajadores, sino el de sus hijos y cónyuges.
JLVN
