En la Comisión de Fiscalización y Control Político, la Fiscal Subrogante, Thania Moreno, rindió su versión en torno a los fundamentos de la petición de juicio político al Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, a quien se le acusa de incumplimiento de funciones.
Moreno sostuvo que Baca se ausentó del país entre la última semana del mes de diciembre de 2017 y primeros días de enero de 2018, dejando en clara acefalía a la institución, pues no delegó a nadie la administración de la misma.
También advirtió que Baca irrespetó la Constitución, el Código de la Función Judicial y la Ley de Servicio Público al disponer el retiro del personal policial que pertenece al sistema de investigación sin fundamento técnico, además de siete asesores en momentos que abrió la indagación sobre cuatro denuncias en contra del Fiscal General, presentadas por Andrés Páez, Fernando Villavicencio y Diego Fuentes bajo la acusación de supuesta manipulación de videos del caso 30S y fraude procesal, respectivamente.
La compareciente dijo que en el trámite de dichas denuncias actuó con responsabilidad, cumpliendo las normas legales y sin tinte político o de persecución. Aclaró que inmediatamente el Consejo de la Judicatura le suspendió en sus funciones dejó en manos del secretario la custodia de los expedientes, sin embargo, el fiscal Fabián Salazar demandó que se le remitan tales documentos sin tener facultad legal para ese efecto.
Previamente acudió a la mesa Omar Pino Bastidas, notario Séptimo del Cantón Quito, quien aseveró que la declaración juramentada del policía Danny Ibarra cumplió con los protocolos establecidos para dar fe pública de este tipo de documentos, verificando que el uniformado se presentó libre y voluntariamente, y sin presión. Además, negó que haya llegado con una minuta elaborada previamente. Nunca hubo allanamiento a la notaría, ni incautación de equipos, ya que los requerimientos de la Fiscalía se atendieron oportunamente.
Patricio Pazmiño, por su parte descartó que se haya ejercido presión o forzado al policía Danny Ibarra para que accediera a modificar el parte policial, al precisar que las técnica utilizadas son legales y lícitas, basadas en hechos públicos y jurídicos.
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