El asambleísta César Rodríguez solicita eliminar a las empresas públicas del pago al gobierno autónomo descentralizado de la tasa o contraprestación por la utilización u ocupación del espacio público o la vía pública y el espacio aéreo estatal, regional, provincial o municipal, para colocación de estructuras, postes y tendido de redes, lo que equivaldría una afectación presupuestaria.Para el efecto, presentó un proyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), argumenta que existe una contradicción entre la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); la primera establece que las empresas públicas gozarán del derecho de uso gratuito de vías, postes, ductos, veredas, …por lo que, estarán exentas del pago de tributos y otros similares por este concepto; y la segunda, determina que las empresas públicas o privadas que utilicen u ocupen el espacio público pagarán al gobierno autónomo descentralizado respectivo la tasa o contraprestación por dicho uso u ocupación.
Manifestó que de la contradicción entre la LOEP y el COOTAD, se desprende, en lo inmediato, una obligatoriedad para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT y en un futuro corto, para otras empresas nacionales- de pagar una tasa por uso de infraestructura, postes, vías y otros a los gobiernos municipales.
Sostuvo que este pago afectará negativa y directamente el deber que tienen las empresas públicas del Estado de prestar servicios públicos de calidad y con costos focalizados para beneficio directo de la población, para la realización de los grandes proyectos de obra pública de carácter nacional y para los propios municipios, pues la imposición de dicha tasa a nivel nacional significaría una elevación de costos insostenible tanto para las empresas públicas como para los usuarios, incluidos los propios gobiernos seccionales.
Señaló que según resultados de los últimos estudios realizados, se prevé que la CNT deberá pagar por la imposición de esta tasa a nivel nacional la cifra de 29 millones 188 mil que serían cargados a los usuarios.
Resaltó que todos los niveles de gobierno deben ser parte de la planificación nacional y trabajar solidaria, concurrente y subsidiariamente por el bien común y menos aún convertirse en obstáculo para afectar a las empresas públicas, a la prestación de servicios, a los grandes proyectos nacionales de interés social y sobre todo, a los ciudadanos del Ecuador.
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