Absalón Campoverde, presidente de la Comisión que atiende la situación de personas desaparecidas, en compañía de Mauricio Zambrano, acudió a la Embajada de Perú, a fin de recabar información sobre el caso de Nataly Salazar, hija de ecuatorianos residentes en España, quien desapareció en el Cusco el 2 de enero de 2018.
Zambrano se mostró partidario de convocar a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores para conocer datos oficiales al respecto, tras señalar que los familiares de Nataly lamentan la falta de apoyo del Estado ecuatoriano.
Es fundamental establecer una especie de triangulación entre nuestro país, España y Perú para profundizar las indagaciones y llegar a conocer algo en firme, agregó Zambrano. Además, mencionó que el embajador peruano tiene conocimiento del caso únicamente por lo publicado en la prensa.
Nuevos testimonios
Inmediatamente, la mesa recibió otros testimonios sobre personas desaparecidas. Sandra Angulo y María Tituaña indicaron la ausencia definitiva de Álvaro Miguel Nazareno Olivero y Luis Ipiales, quienes en diferentes fechas ingresaron a un hospital público, al área de emergencia y nunca más supieron de ellos, hasta la fecha.
Sandra Angulo, con voz entrecortada y lágrimas, manifiesta que ya son siete años de angustia y sufrimiento por la pérdida de su sobrino Álvaro, sin encontrar respuestas. Cree que tal vez su familiar ya no esté con vida, pero al menos quieren saber lo que pasó exactamente con él.
Igualmente, María Tituaña explica que su cónyuge, Luis, sufrió en el 2004 un accidente y fue trasladado a un hospital público, en cuya entidad niegan que haya ingresado. Ella dice que encontró ciertas pistas que demostrarían que el cuerpo de su compañero había servido para el tráfico de órganos. Clama porque algún día pueda darle cristiana sepultura y que este hecho no quede en la impunidad.
Reforma
Jaime Hernández, docente de Derechos Humanos y ex defensor del Pueblo de Pichincha, actuó como asambleísta por un día. Habló de tipificar en el Código Penal, bajo una visión de las condiciones actuales, la desaparición forzosa involuntaria ejecutada por organizaciones paramilitares, narcotraficantes. Según Hernández esta ya no sería responsabilidad directa de un Estado.
MG
