En procura de garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción, el Pleno de la Asamblea Nacional rechazó, por unanimidad, (101 votos), todo acto de violencia que atente contra el derecho a la paz y a la inviolabilidad de la vida de todas las personas en el territorio ecuatoriano.
Esto, a propósito del asesinato de la abogada Gavis Moreno de León, directora del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil, quien murió baleada el martes 27 de marzo de 2018.
La Legislatura demandó de las instituciones competentes, en particular de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional, como órgano auxiliar, reforzar las acciones de investigación, a fin de identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos relacionados con la muerte de Gavis Moreno.
Exhortó a que en la respectiva sentencia se dispongan las medidas adecuadas para reparar integralmente a los familiares, de conformidad con lo establecido en la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, en consideración especial a sus dos hijos menores de edad.
El Ministerio de Justicia, en coordinación con la Policía Nacional, deberán fortalecer los protocolos de información e inteligencia penitenciaria en los centros carcelarios del país. Esto, en correspondencia con los planes que ya han sido puestos en marcha por estas entidades para la prevención de actos de violencia en contra del personal administrativo de las referidas instituciones y entre las personas privadas de libertad.
Por último, con la resolución se pide al Ministerio de Inclusión Económica y Social, en atención a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los familiares de Gavis Moreno, la realización de un examen socioeconómico que posibilite una atención coordinada a sus dos hijos menores de edad. La finalidad es garantizar sus derechos, en particular a la educación y a la vivienda, en el marco de los planes y programas del Estado ecuatoriano.
Mayra Montaño, proponente del proyecto de resolución, pidió que se rectifiquen procedimientos. Asimismo, dijo que el Estado debe responder por la omisión, por decir lo menos, en que incurrió el Ministerio de Justicia, al no brindar la debida protección policial para la seguridad personal de la ahora fallecida, exdirectora del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Guayaquil.
“Exigimos respuestas y que la Asamblea exija la aclaración de este asesinato y solicite, en honor a sus dos pequeños hijos, de 7 y 11 años de edad, que quedaron huérfanos, que el Estado ecuatoriano no los abandone”, finalizó.
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