Con el voto unánime de los 101 asambleístas presentes, el Pleno aprobó la reforma a la Ley de Aviación Civil, por la cual se fortalece el trabajo de la Junta Investigadora de Accidentes, en armonía con lo que prevé la normativa internacional, de manera que la entrega de los informes sobre los accidentes o incidentes aéreos no demore más de 12 meses, plazo contado a partir de la fecha en que ocurrió el hecho.
Este proyecto tuvo como origen el incidente ocurrido con un avión Embraer 190 de TAME, el 28 de abril de 2016, en el Aeropuerto Mariscal Lamar, de la ciudad de Cuenca, que paralizó las operaciones de dicha terminal aérea, hecho que generó expectativa ciudadana por conocer las causas del mismo.
Independencia en la investigación
El ponente del informe, asambleísta César Rohón, justificó este proyecto de ley como un antecedente para una posterior reforma a la Ley de Aviación Civil, que buscará actualizar los protocolos y procedimientos en materia de investigación de las temáticas relacionadas con la aeronavegación. “La JIA debe ser una entidad técnica especializada, que goce de real independencia y que cuente con el financiamiento necesario para desarrollar sus actividades”, dijo.
Respecto a todo incidente o accidente, la Junta, dentro de un plazo máximo de 60 días posteriores al suceso, elaborará un plan de investigación que incluya las actividades, costos y tiempos necesarios para garantizar la efectividad de la investigación.
El proyecto, no solo busca prevenir los accidentes aéreos, sino también que las autoridades aeronáuticas tomen acciones para reducir el riesgo, evitar pérdidas humanas y económicas.
A criterio del legislador Patricio Donoso, esta normativa garantiza que en medio del dolor de las familias de las personas afectadas por los accidentes aéreos, éstas tengan acceso oportuno al conocimiento de las posibles causas de los mismos. Si bien en esta materia se actúa con base en hipótesis, no con certezas, las familias tienen derecho a conocer lo que ocurre con la investigación, añadió.
Esteban Albornoz, titular de la Comisión del Desarrollo Económico, explicó que el proyecto se enmarca en la legislación internacional, con el propósito de brindar un ambiente de tranquilidad a los usuarios, promueve un servicio de transporte aéreo accesible e infraestructura de calidad y segura, bajo la premisa de constantes mejoras, nuevas tecnologías y medidas de prevención de accidentes.
El proyecto reforma el artículo 13 de la Ley de Aviación Civil y establece con claridad las condiciones con base en las cuales deberá trabajar la Junta Investigadora de Accidentes (JIA). La Dirección de Aviación Civil estará obligada a entregar los recursos suficientes y necesarios para que se cumpla esta importante función.
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