Las acciones y políticas delineadas por el ministro de Agricultura, Rubén Flores, dejan muchas dudas, señaló la asambleísta Verónica Guevara, quien no descarta la posibilidad de llamarle a juicio político.
A decir de la legisladora, existen problemas con los precios de productos agropecuarios que no cubren los costos de producción, financiamiento, provisión de insumos extremadamente caros y una comercialización deficiente.
A estos problemas se suman aspectos como la falta de control en el ingreso de productos por las fronteras, la suspensión del areteo en el ganado que impediría el seguimiento para identificarlo, el incremento del abigeato y la pérdida de los controles sanitarios.
Otro motivo para un eventual juicio político sería la adjudicación de tierras rurales que forman parte del sistema nacional de áreas naturales protegidas y que conforman el patrimonio natural del Estado, las que se rigen por su propia ley. También mencionó la paralización de cerca de 50 programas del ministerio.
La asambleísta Guevara recordó que el ministro Flores en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización se refirió a un precio político de 40 dólares la saca de arroz, pero que de acuerdo con las reuniones mantenidas con los productores de la gramínea en ningún momento los representantes de las cadenas productivas solicitaron el incremento del valor.
Lo que si se solicitó fue que se mantenga el precio oficial mínimo de sustentación que era de 35,50 dólares para lograr niveles óptimos de producción y eliminar las distorsiones del mercado internacional.
Según información del propio Ministerio de Agricultura en el 2017 ingresaron al país cerca de 70 mil toneladas de arroz vía contrabando, mientras los productores nacionales se vieron obligados a mantener en bodega arroz que no se pudo vender.
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