La Ley de Desarrollo Fronterizo ya está vigente, luego que fuera publicada en el Registro Oficial. Los sectores limítrofes tendrán mejores condiciones para su progreso humano, social y económico, así como mecanismos para generar una cultura de paz.
Desde ayer, jueves 17 de mayo, la Ley de Desarrollo Fronterizo rige en el país. Así, la Asamblea cumplió con las poblaciones ubicadas en los cordones de frontera con Colombia y Perú, tal como lo priorizó en la Agenda Legislativa.
Los beneficiarios serán quienes se encuentran dentro de una franja de 40 kilómetros desde el límite fronterizo. En el norte sería una distancia aproximada entre los cantones Tulcán y Bolívar y, en el sur, entre los cantones Huaquillas y parte de Santa Rosa.
Desarrollo socioeconómico
La protección y garantía de los derechos de las personas que habitan en estos sectores y el desarrollo de los medios necesarios para el desenvolvimiento de sus actividades son parte de los fines que persigue el cuerpo legal. Entre esos medios se resalta el transporte, energía eléctrica, agua potable, educación, saneamiento, salud, entre otros.
También plantea fomentar la productividad y competitividad mediante el otorgamiento de incentivos y regulaciones específicas; la garantía de trabajo; fortalecimiento y ampliación de la infraestructura básica; y el incremento de la inversión pública y social.
El intercambio comercial es otra de las preocupaciones de los parlamentarios, de ahí que incluyen mecanismos para su desarrollo, a través de estrategias como la homologación y simplificación de normas aduaneras.
La investigación, el aprovechamiento del patrimonio natural y cultural, la protección de los derechos de la naturaleza, así como la construcción de la plurinacionalidad y la interculturalidad son también propósitos del referido cuerpo legal.
Seguridad fronteriza
En cuanto a seguridad, propone mantener la paz y el impulso de la integración binacional, generando mecanismos para monitorear las fronteras y brindar soluciones oportunas a los incidentes fronterizos.
Se propone educación para la cultura de paz y buena vecindad y la erradicación de toda forma de violencia. En esta materia, se plantea fortalecer la capacidad de intervención y protección de las instituciones de seguridad pública para prevenir, aislar y defender a la comunidad de acciones violentas del crimen organizado.
Además, capacitar a la Policía Nacional para el control, investigación y persecución de los delitos prevalentes en estos territorios; implementar el programa de protección a víctimas y testigos, así como prevenir y denunciar la utilización de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados, por parte de grupos irregulares, entre otras medidas. LILA/eg
