La Comisión de Justicia avanza en el debate del proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción, previo a la elaboración del informe para segundo debate. Esta vez los asambleístas revisaron el tema referente a penas, sanciones y el sistema de rehabilitación.
Entre ellas, una propuesta del Defensor Público, según la cual cuando dos o más personas se asocien para la comisión del delito sancionado con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cuya materialidad se manifiesta a través de actos que evidencian la pretensión de su ejecución y que no constituyen tentativa, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres años.
El artículo vigente del Código Penal sobre la asociación ilícita, prevé una pena privativa de la libertad de 3 a 5 años cuando dos o más personas se asocian para cometer ilícitos sancionados con privación de libertad de menos de cinco años.
Frente a ello, Franklin Samaniego, vicepresidente de la mesa legislativa, explicó que la propuesta se refiere a planificar la comisión del delito y que no constituya tentativa, pero que en la práctica la tentativa es la planificación, por tanto, el artículo vigente cumple el objetivo y no amerita reforma.
Informó que para el sistema de rehabilitación prevé tres fases: una cerrada, semiabierta y abierta. La cerrada es la inclusión en uno de los centros carcelarios, una vez cumplido más del 60 % de la pena, puede acceder al sistema semiabierto y posteriormente a uno abierto.
La Comisión de Justicia trabaja en tres matrices: reformas al Código Orgánico Integral Penal; cambios a otras cinco leyes y nuevas propuestas en temas penales, como por ejemplo la prohibición de ejercer cargo público cuando ha sido sentenciado por cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito.
En otro orden, los legisladores acordaron tratar como prioritario un proyecto de Ley Interpretativa al artículo 106 del Código de la Niñez y la Adolescencia, relacionado con la patria potestad, en virtud que existe un nudo crítico en relación a la tenencia compartida.
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