Es necesario que el Ministerio de Defensa forme parte de la integración y funcionamiento del Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos, en razón de que se debe precautelar los espacios acuáticos y el control de las actividades que se realizan en los espacios marítimos jurisdiccionales de la provincia, dijo el Capitán de Fragata, Pontony Zumárraga, en representación de la Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador.
Este criterio fue expuesto ante la Comisión de Biodiversidad que estudia las reformas a la Ley de Régimen Especial de Galápagos, de iniciativa de la legisladora Brenda Flor.
El funcionario subrayó que se debe buscar mecanismos jurídicos para mantener la soberanía, sostenibilidad y el accionar continental e insular, por ello, es pertinente contemplar en el proyecto aspectos sobre la prevención y respuesta a la contaminación, establecer inspecciones aleatorias, determinar un plan de contingencias y procesos de investigación de esta clase de sucesos.
Zumárraga mencionó que no solo hay que hacer reformas a la Ley de Régimen Especial de Galápagos, sino también actualizar la legislación marítima nacional y establecer reformas al Código Integral Penal (COIP), porque hay falencias en su aplicación, con el propósito de lograr una adecuada cooperación interinstitucional.
Subrayó que, por ejemplo, en el artículo 532 del COIP, no se considera el tiempo de traslado del lugar donde se cometen los delitos en los espacios acuáticos al puerto más cercano, que en ocasiones supera las 24 horas, lo cual hace necesario se den coordinaciones directas, así como la colaboración en el intercambio de información, que debe ser en tiempo real y mediante sistemas informáticos.
Senescyt
A la Comisión de Biodiversidad también acudió Ximena Ponce, subsecretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), quien se refirió al acceso a recursos biológicos, genéticos y/o sus derivados, que constan en los artículos 36 y 37 del proyecto de reformas a la Ley de Galápagos.
La funcionaria manifestó que la toma de muestras de cualquier especie endémica y nativa, así como material geológico, entre otros de carácter protegido, debe ser autorizada y monitoreada por la Autoridad Ambiental Nacional, a través de la unidad administrativa desconcentrada a cargo de las Áreas Naturales Protegidas de Galápagos.
En cuanto a la movilización de muestras biológicas de especies, sean domésticas o introducidas, sostuvo que debe ser autorizada únicamente por la Autoridad Ambiental Nacional, a través de la unidad administrativa adscrita a cargo de la bioseguridad de Galápagos.
En materia educativa, dijo, existe suficiente oferta académica de educación superior en Galápagos, no obstante se trabaja en una estrategia para brindar mayor acceso a educación virtual y becas de movilidad.
Mientras, la legisladora Brenda Flor aseveró que no se cubre la demanda académica en la región, ya que el proceso impuesto por la Senecyt no se ajusta a la realidad y necesidad educativa del sector. Hará un seguimiento en cuanto al avance de la extensión de la Universidad Central del Ecuador en la Isla Santa Cruz.
La parlamentaria solicitó que comparezca a la sede legislativa del rector de la Universidad Central, a fin de que informe sobre esta obra, que actualmente se encuentra paralizada.
De su lado, el asambleísta Fredy Alarcón aclaró que esta problemática se da en la región insular porque el estudio de la oferta educativa estuvo mal direccionado. Precisó que la educación virtual es beneficiosa, pero debe haber conectividad suficiente para que sea aprovechada esta herramienta tecnológica.
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