La Rectoría del Sistema Nacional de Salud, el financiamiento y la provisión de servicios fueron temas de debate en la Comisión del Derecho a la Salud, presidida por el asambleísta William Garzón, para lo que escuchó las experiencias y propuestas de expertos en la materia.
Este encuentro se cumplió en el marco del estudio del Libro I del proyecto de Código de la Salud. José Ruales, profesional de la salud pública y ex funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, considera que el tema de la rectoría del Sistema Nacional de Salud está debidamente recogida en el Código.
Sostuvo que el tema debe ser abordado como una acción colectiva de todos los miembros del Sistema, ya que la rectoría, el financiamiento y la provisión de servicios no son responsabilidad individual de una institución.
Explicó que la rectoría contempla las funciones de conducción del sistema de regulación, control, ordenamiento del financiamiento y la provisión de los servicios, al tiempo que señaló que la vigilancia de la salud pública, no puede limitarse al ámbito epidemiológico y sanitario, sino que debe incluir el seguimiento de los daños, los riesgos y los factores protectores de la salud de las personas.
Alberto Narváez, representante de la Plataforma por la Salud y la Vida, se refirió a la participación social y la rectoría. Mencionó que la formulación de políticas de salud no es solo un asunto técnico-político o de definición de estrategias, sino que también se trata de un aspecto científico y ético. “Hay que construir las políticas en base a evidencias de las mejores experiencias mundiales, pero también de nuestra práctica y realidad”, acotó.
Indicó que la participación directa de la comunidad, de los usuarios, de las organizaciones de pacientes garantiza la sostenibilidad del sistema, de modo que se pueda tener miles de promotores, para hacer atención curativa, prevención y promoción, reducir la corrupción y mejorar la calidad de los servicios.
Acogió las afirmaciones del salubrista Carlos Terán, en el sentido que “no hay democracia sin control social, no hay participación social, si la autoridad sanitaria nacional se convierte en un ente incuestionable que pretende dictar conductas individuales y ser el fiscalizador de servicios no públicos, pero no es capaz de aceptar la fiscalización social y la voz de la ciudadanía frente a sus decisiones ejecutorias y atenciones”.
En esta sesión participaron como asambleístas por un día Víctor Manuel Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha y Wilson Merino, representante del Acuerdo contra el Cáncer.
RSA/pv
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