La Comisión de los Derechos de los Trabajadores, dirigida por Liliana Durán, inició el tratamiento de dos nuevas propuestas de Ley, de iniciativa de la asambleísta Norma Vallejo. El uno plantea que en la desvinculación del sector público se tomen en cuenta los requisitos de la Ley de Seguridad Social y, el otro, que la declaración patrimonial sobre los paraísos fiscales se haga mediante formulario emitido por la Contraloría y no ante un Notario.
Se trata de los proyectos de Ley de Reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, para determinar los principios que inspiran el proceso de desvinculación de las servidoras y servidores con nombramiento permanente que se acogen al beneficio de la Jubilación; y, el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público para Simplificar el Proceso de Cumplimiento de la Consulta Popular Efectuada el 19 de febrero del 2017.
Desvinculación
La reforma al artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público, que trata de los requisitos para la jubilación, prevé que el Ministerio del Trabajo sea quien asesore, controle a las unidades de talento humano de las instituciones para que, de forma bianual, realice la planificación del proceso de desvinculación de servidores y servidoras con nombramiento permanente que se acogerán a este beneficio.
Se respetarán los principios de progresividad de derechos, celeridad, simplicidad, indubio pro operatorio y priorización en el presupuesto, garantizando la participación ciudadana de representantes del servicio público, así como guardando concordancia con la Ley de Seguridad Social vigente.
Norma Vallejo explicó que la actual disposición específica que a los 65 años termina la carrera en el servicio público y a los 70 están obligados a jubilarse. Sin embargo, no especifica nada acerca del cumplimiento de los procesos para jubilarse, con base en la Ley de Seguridad Social. Este artículo se ha prestado para que se emitan acuerdo ministeriales, como el 094, que afecta a servidores públicos que, habiendo cumplido los requisitos que determina la ley de Seguridad Social para jubilarse, no lo pueden hacer. Afirmó que si su requerimiento de jubilación es aceptado, el Estado no está obligado a pagar el incentivo jubilar que está avalado constitucionalmente y estipulado en la Ley.
Declaración patrimonial
En el segundo proyecto, referente a la declaración juramentada de no estar incursos en las prohibiciones sobre paraísos fiscales, que responde a la consulta popular de 2017, que deben presentar los servidores públicos, se busca establecer que dicha declaración se efectúe en el formulario de la Contraloría General del Estado.
Vallejo recordó que, lamentablemente, en febrero se produjo un “vía crucis” para los servidores públicos en las notarias para que este documento sea otorgado. Sostuvo, que esto es un perjuicio a la institución por cuanto tienen que abandonar sus plazas de trabajo y representa un egreso innecesario para los funcionarios estatales.
Indicó que, previo a la presentación de su proyecto, mantuvo una reunión con el Contralor del Estado para establecer la viabilidad y pertinencia de este cambio.
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