La Comisión Aampetra conoció y aprobó el informe sobre el control político realizado a la Defensoría del Pueblo respecto a su actuación para combatir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en unidades educativas.
Sobre el trabajo de la Defensoría del Pueblo, el informe señala que esta institución ha conocido 167 casos y ha llevado 51 procesos de vigilancia, de los cuales, la mayoría, 33, se encuentran en indagación previa, nueve en instrucción fiscal, 5 en etapa de juicio, 3 en impugnación y uno en evaluación preparatoria de juicio.
En cambio, respecto a los casos conocidos y patrocinados por la Defensoría del Pueblo, en el ámbito jurisdiccional y administrativo, el documento indica que existe una inconsistencia numérica debido a que en el informe consta que en el período 2013-2017 se menciona que son 167 casos; sin embargo en la desagregación son 182, “lo que evidencia que no se cuenta con un registro de casos”.
De ahí que la comisión asegura que corresponde a esta entidad contar con una herramienta informática que permita el envío inmediata a las instancias correspondientes, con el objeto de realizar una vigilancia del debido proceso, el patrocinio de garantías jurisdiccionales y el seguimiento del cumplimiento de sentencias. Esto porque frente a los 910 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes ocurridos dentro del sistema educativo, la Defensoría conoce 167.
En cuanto a la actuación frente a la reparación integral de las víctimas, la comisión concluyó que la Defensoría del Pueblo no ha sido eficiente en relación al seguimiento de sentencias cuando se han establecido estas medidas, por lo que recomienda hacer el seguimiento desde el inicio del proceso hasta la sentencia y la reparación.
En el informe también se hace referencia a la normativa y procedimientos, talleres dirigidos a diferentes actores, entre otros temas. En cuanto al primer tema, la mesa asegura que la Defensoría ha sido partícipe en la construcción de cuerpos jurídicos, pero no cuenta con protocolos específicos para realizar acciones inmediatas para el patrocinio, vigilancia y seguimiento.
Frente a estos elementos, recomienda a la Asamblea tratar los proyectos de reformas a la Ley de la Defensoría del Pueblo, del Sistema de Protección y de Promoción de Derechos, con el fin de que la norma contenga procedimientos específicos que le permitan a esta entidad y a las instituciones que les corresponda garantizar derechos.
A esta entidad también le sugiere elaborar protocolos específicos que les permita actuar frente a estos casos; coordinar con otras entidades; fortalecer su Dirección General Tutelar, la Dirección Nacional de Atención Prioritaria, la Dirección Nacional de Víctimas, entre otras. Además, hace un llamado para que establezca un sistema de registros, campañas comunicacionales, capacitación y otras medidas.
LILA/pv
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