Un amplio proceso de socialización es lo que resaltó Esteban Albornoz, presidente de la Comisión del Desarrollo Económico, en la construcción del informe para primer debate del proyecto económico urgente. Dijo que en diez sesiones recibieron a 42 organizaciones y 70 documentos, con más de 200 observaciones.
El frente económico y productivo del gobierno, cámaras de comercio, agricultura, arquitectura, pequeños y medianos productores, economía popular y solidaria, pesqueros, organizaciones sociales y de extrabajadores, transportistas, entre otros, acudieron para expresar sus puntos de vista.
En las sesiones también participaron 11 asambleístas de otras mesas legislativas. Se refirió a este proceso durante la presentación del informe para primer debate, elaborado por la Comisión, y que tuvo un apoyo unánime.
El cuerpo legal
Esteban Albornoz explicó también los principales ejes que contiene el proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, enviado por el Ejecutivo.
Aseguró que el proyecto tiene algunos objetivos, con beneficios para las pequeñas, medianas y grandes empresas, así como para los emprendimientos y la economía popular y solidaria.
Uno de ellos es la remisión del 100 % de intereses, multas y recargos de obligaciones tributarias, fiscales -incluido el RISE- y aduaneras. Además, de hasta el 99 % en obligaciones patronales con el Seguro Social, así como impuestos vehiculares y otros con los gobiernos autónomos descentralizados.
Con este beneficio, el Servicio de Rentas Internas espera recaudar 774 millones de dólares y el Seguro Social 189 millones de dólares.
El otro fin, según Albornoz, es el impulso a la inversión y producción, con la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) en sectores priorizados: 12 años cuando son fuera de Quito y Guayaquil, 8 años cuando es al interior de estas ciudades, 10 años para cualquier nueva inversión en el sector industrial.
El proyecto también le apunta a la declaratoria de política prioritaria a la vivienda social. A este sector se le gravará con tarifa cero al Impuesto al Valor Agregado para el servicio de la construcción y se mejoran los procesos administrativos.
La estabilidad fiscal es otro de los ejes y la norma marca nuevas reglas macrofiscales sobre el endeudamiento: no se aprobará el Presupuesto del Estado con déficit primario, el techo de la deuda no puede superar el 40 % del Producto Interno Bruto (PIB) y se crea un fondo de estabilización fiscal. Se elimina la posibilidad de que el Banco Central adquiera títulos y obligaciones emitidas por el Ministerio de Finanzas.
Además, Albornoz ratificó que con la iniciativa se fortalece a los sectores de las exportaciones y turismo, con la devolución del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) a exportadores con ingresos netos de divisas, deducción de hasta el 100 % de gastos de promoción para turismo y exportaciones, ampliación a 25 años de permiso a operadores turísticos en Galápagos.
La norma prevé la creación de un seguro para actividades agrícolas y de un Fondo de Garantías para la Economía Popular y Solidaria.
Según el Presidente de la Comisión, se amplían los beneficios de la Ley de Solidaridad, es decir, se extiende a cinco años más los beneficios tributarios para inversiones en Manabí y Esmeraldas y la exoneración del IR de 10 a 15 años para el sector turístico.
Al final, con los cambos, el proyecto consta de cinco capítulos, 49 artículos, 10 disposiciones generales, 14 transitorias y modifica 19 cuerpos legales.
Comisión general
Antes de la intervención del ponente del proyecto, el Pleno recibió en comisión general a Israel Avilés, representante de los deudores de la banca pública, quien dijo que el sector campesino, por factores externos que perjudican las cosechas y por los altos intereses, no ha podido cumplir con sus deudas. “Tenemos garantías pero no somos sujetos de crédito porque muchos de nosotros estamos en la central de riesgos por no haber podido pagar las obligaciones pendientes”, añadió.
Aseguró que las normas que les han permitido la restructuración de obligaciones o remisión de intereses tampoco han dado resultados, por lo que pidió que se incluya en el proyecto urgente un artículo que permita extinguir las deudas de los pequeños y medianos agricultores con la banca pública.
LILA/eg
