El Código Orgánico de Salud que se discute en la Asamblea Nacional considera a este tema como problema de salud pública. El criterio se basa en no usar las creencias personales para legislar, sino realizar leyes sin discriminación alguna, con una estrategia nacional que convoque a todos y crear conciencia acerca de la prevención del embarazo adolescente e infantil, así como dar la debida importancia a esta etapa clave en la vida y el desarrollo de las personas.
Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, William Garzón, tras señalar que la propuesta legal incorpora y hace énfasis en la necesidad de trabajar coordinadamente, de manera intersectorial, a fin de orientar y fortalecer los servicios en salud sexual y reproductiva, a través de un abordaje integral y de derechos, eliminando barreras de acceso, con información científica adecuada y oportuna, para que las niñas no sean madres, eviten dejar sus estudios y que, en consecuencia, cambien su futuro.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en los últimos 10 años, el incremento de partos de adolescentes entre 10 y 14 años fue del 78 % y en adolescentes entre 15 a 19 años del 11 %.
A decir del legislador, el texto del Código protege los derechos de adolescentes y jóvenes a tener el control y decidir, responsable y libremente, en asuntos relacionados con la salud sexual y reproductiva.
Engloba el bienestar de la ciudadanía y un enfoque para quienes están en situación de vulnerabilidad, como son los adolescentes, a quienes les ofrece atención integral de salud, teniendo en cuenta las particularidades de su entorno geográfico, étnico y cultural; y, su desarrollo psicológico, social y biológico. Garantiza la calidad los servicios y el acceso a la información y asesoría sobre planificación familiar, entre otros.
Además, recupera las normas en materia de salud sexual y reproductiva de la Ley Orgánica de Salud vigente y, en general, todos los avances alcanzados en diversas materias, bajo la idea de evitar cualquier retroceso en temas de derechos.
Garzón indicó que por primera vez, se define la violencia gineco-obstétrica, que consiste en someter a la mujer, en el curso de su embarazo, parto o puerperio, a maltrato, medicalización excesiva o interferencia con los procesos naturales, limitando su capacidad para decidir libremente.
Recordó que el embarazo en edades tempranas, especialmente en menores de 15 años, está asociado a graves complicaciones de salud, que frecuentemente se relacionan también con violencia sexual.
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