Daniela Salazar, vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco, en la Comisión de Derechos Colectivos, que analiza las reformas a la Ley de Comunicación, precisó que es necesaria una normativa que garantice los derechos de los ciudadanos a la comunicación e información y de inmediato enfocó sus observaciones sobre temas como contenidos, internet y rol de la Defensoría del Pueblo.
Tras recordar que en su calidad de abogada presentó una acción de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Comunicación, expresó que en el proyecto del Ejecutivo hay que diferenciar lo que es información y opinión, que es algo abstracto, donde se da a conocer el pensamiento de alguien sobre un tema, por ende, muy diferente a la información. A su criterio la opinión no tiene que ser regulada.
En torno al rol de la Defensoría del Pueblo, indicó que es necesario clarificar que la persona afectada podrá ejercer las acciones constitucionales que le asistan y acudir a esta entidad para que inicie los procesos de protección de derechos, de conformidad con sus competencias. Se mostró de acuerdo con el proyecto propuesto por la legisladora Jeannine Cruz, que sugiere crear un sistema de protección de periodistas.
De su lado, Hernán Reyes, exvocal del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), se refirió al carácter político de la comunicación y el carácter político de la ley y sus reformas. Sostuvo que lamentablemente, se pretendió deslegitimar la Ley de Comunicación haciendo creer que es una ley de medios, lo cual no es cierto.
Como aspectos positivos mencionó que es bueno que la propuesta del Ejecutivo defienda los derechos de la personas a la comunicación e información, que se mantengan los principios deontológicos, pero, que deben ser de aplicación exclusiva de los meedios de comunicación, la prohibición de contenidos y mensajes violentos, discriminatorios, sexualmente explícitos en horarios inadecuados, así como establecer principios sobre comunicación que constan en instrumentos internacionales y en la Constitución.
Está de acuerdo con eliminar la figura del linchamiento mediático y aclarar la censura previa por omisión, al tiempo que hizo reparos al rol que cumplirá la Defensoría del Pueblo, argumentando que no estaría en capacidad de resguardar los derechos de las personas en materia de comunicación, ya que su campo es muy amplio.
El presidente de la Comisión, Jorge Corozo, recordó que los insumos que presentan los sectores involucrados serán debidamente analizados y los que se ajusten a los objetivos de proteger los derechos de los ciudadanos a la comunicación e información serán tomados en cuenta en el borrador que servirá de base para estructurar el informe para primer debate.
JLVN/pv
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