Cambios, de forma y de fondo, realizó la Comisión del Desarrollo Económico al proyecto urgente para el Fomento Productivo. Con ellos se fortaleció al sector agropecuario, al de la economía popular y solidaria, a estudiantes, deudores de la banca pública, usuarios de la vivienda social, entre otros sectores.
Así lo indicó Esteban Albornoz, presidente de la mesa, durante la presentación del informe para segundo debate en el Pleno. Subrayó la participación de nuevos actores en esta segunda fase y el aporte de otros, mediante 122 documentos enviados, así como la actuación de 19 asambleístas que no pertenecen a la Comisión.
Impulso a la Inversión
El órgano parlamentario priorizó otras áreas para beneficiarlas de la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) de 10 a 12 años, en nuevas inversiones. Entre ellos al agrícola, desarrollo de software y servicios, eficiencia energética, industria y materiales de construcción sustentables, según Albornoz.
El Ejecutivo propuso plazos de ocho años para nuevas inversiones en Quito y Guayaquil y 10 fuera de ellas, pero la Comisión consideró que para impulsar a otras provincias se debe aumentar a 12 años.
Para el sector industrial, el beneficio es por 10 años y de industrias básicas 15. Ese plazo se amplía por 5 años en los cantones fronterizos, mientras que en Manabí y Esmeraldas la exoneración durará 10 años e incluye al sector turístico, al cual se le da hasta 15 años.
En contraparte, y para recibir este beneficio, la norma obliga a estas sociedades a aumentar en su nómina a trabajadores de hasta 25 años y para adultos de más de 40 años.
Remisiones
Esteban Albornoz explicó que la Comisión pensó en los estudiantes y becarios, por ello, en la remisión de intereses, multas y recargos se incluye a estos ciudadanos, así como a los deudores de la banca pública, en especial del Banco de Fomento en Liquidación, y para las obligaciones con la Superintendencia de Compañías.
La Comisión conmina a los gobiernos descentralizados a ejecutar este medida. La propuesta del régimen era opcional.
El indulto de estos recursos, según Albornoz, no es solo para grandes contribuyentes, sino para todos. En el caso de los primeros, la norma les otorga 90 días para que paguen el capital y accedan al perdón y a los demás hasta dos años, sin una cuota inicial.
Se aplica también a deudas por servicios básicos otorgados por empresas amparadas por la Ley de Empresas Públicas y a impuestos vehiculares, matriculación de vehículos y las infracciones de tránsito.
Vivienda de interés social
En este eje se incluyó una novedad, aseguró Albronoz. Se exige que los constructores otorguen una garantía al beneficiario o comparador y manda que se priorice el uso de material local y sustentable. En esta área, el Ejecutivo planteó tarifa cero del Impuesto al Valor Agregado para servicios de construcción y trámites más sencillos.
Sector agrícola
Además de la exoneración del Impuesto a la Renta (IR), por 10 años, para nuevas inversiones, a este sector no se le cobra el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para maquinaria y arrendamiento de tierras agrícolas, tasas preferenciales de créditos y un seguro agrícola.
Economía Popular y Solidaria (EPS)
El cuerpo legal manda la creación del Fondo de Garantías para crédito y exoneración de IR en sectores de la EPS para inversiones en Manabí y Esmeraldas.
Además, con los cambios, permite la remisión de intereses y costas y restructuración de deudas con la banca pública de fomento productivo; anticipo obligatorio en procesos de contratación pública; así como priorización de ofertas con participación de la EPS en contratación de programas sociales.
Estabilidad Fiscal
Para alcanzar la estabilidad fiscal se mejora la definición del componente de deuda y se prevén ajustes a las reglas macrofiscales sobre endeudamiento. Por ejemplo, no se aprobará el Presupuesto General del Estado con déficit primario.
De igual forma, se establece que el techo de deuda no puede superar 40 % del Producto Interno Bruto (PIB) y se crea un fondo para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
LILA/eg
