La defensora del Pueblo, encargada, Gina Benavides, en la Comisión de Derechos Colectivos destacó que el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación propuesto por el Ejecutivo es vital para el país, más aún cuando se incorpora el enfoque de derechos humanos.
La funcionaria dijo que a la Defensoría del Pueblo no le corresponde formular ni implementar políticas públicas, en materia de comunicación, pues el rol esencial es defender los derechos humanos de las personas.
Además, dijo, tampoco le corresponde elaborar informes técnicos respecto de análisis de posible contenido discriminatorio, violento o sexualmente explícito, por ello pidió que en el proyecto se subsanen estos roles.
Al referirse a las medidas de protección y restitución, precisó que las medidas de protección son aquellas que se interponen para precautelar o detener la vulneración de un derecho y deben ser emitidas por una autoridad competente de manera inmediata, para prevenir, impedir o interrumpir la violación de derechos.
La funcionaria sostuvo que no comparte la idea que la Defensoría tenga un representante en el Cordicom, ya que no es una instancia de formulación e implementación de política pública, sino de supervisión.
El análisis de contenidos presuntamente discriminatorios, violentos o sexualmente explícitos, lo puede ejercer en el marco de sus competencias constitucionales, al tiempo que expresó que ninguna normativa regional asigna a las instituciones de derechos humanos competencias específicas sobre el derecho a la comunicación.
Gina Benavides sugirió que en el caso de vulneración de derechos, la persona afectada recurra en primer lugar ante el medio de comunicación para subsanar el derecho; y en caso de que esta restitución no se efectúe, el afectado presente directamente las acciones constitucionales respectivas o acudir a la Defensoría del Pueblo para que actúe de acuerdo con sus competencias.
Profesionalización
De inmediato, los parlamentarios recibieron a Ricardo López, excatedrático de la Universidad de Guayaquil, quien afirmó que se necesita entender lo que significa comunicación, ya que se confunden con información. Es bueno que respeten y recojan los principios mínimos de los derechos universales, la libertad de pensamiento, subrayó.
Por último, manifestó que la normativa debe afianzar y proteger la profesionalización del quehacer comunicacional. Es bueno formar profesionales. La comunicación y el trabajo no pueden estar desvinculados, enfatizó.
JLVNpv
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