Los integrantes de esta mesa legislativa, que elabora un nuevo marco legal para la seguridad de la frontera norte, coincidieron que lo fundamental de las reformas es la protección de los ciudadanos, indicó el presidente de la comisión, Juan Carlos Yar.
A su vez, el legislador Fernando Burbano destacó la necesidad de construir la normativa legal que integre todos los conceptos de seguridad y defensa para combatir amenazas y proteger a la sociedad y pueblos de frontera con una fuerte presencia estatal en todos los ámbitos.
René Yandún señaló que es vital construir un código integral, luego de trabajar en la Ley de Seguridad Pública, para lo que ya presentó un proyecto. Es indispensable revisar la actual ley para proponer cambios estructurales, precisó.
Rubén Bustamante, vicepresidente de la mesa legislativa, expresó que ya existen los insumos necesarios para tener una base legal y avanzar en las reformas.
Esta vez, la comisión escuchó los criterios del coronel en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas Guillermo Benalcázar Haro, experto en seguridad, quien explicó que la Ley de Seguridad Pública que se espera reformar debe tener varios cuerpos que estén vinculados en forma transversal tanto en los conceptos como en los procesos de seguridad.
Sostuvo que en la parte operativa debe reformarse las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Pública; crear la Ley de Inteligencia Estratégica, una Ley Antiterrorista y Ley de Gestión de Riesgos, para que puedan operar en forma coordinada las instituciones responsables de la seguridad y la defensa.
Sugirió modernizar y actualizar estos marcos legales sobre seguridad. En este sentido estimó que la Secretaría de Inteligencia o la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa debería ser el ente rector de estas actividades. El fin es buscar en forma permanente información estratégica que permita detectar debilidades y puntos críticos en la defensa del territorio y proteger al ciudadano, añadió.
Por último, afirmó que los ámbitos de acción de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas deben estar perfectamente determinados para evitar competencias innecesarias que perjudiquen la gestión de las dos entidades.
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