Más criterios sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación recibirán los comisionados de Derechos Colectivos. Esta vez, escucharán a Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana; a Juan Fernando Velasco, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (SAYCE); a Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP).
La comisión general del organismo está prevista para el lunes, 2 de julio, a las 15:00, en la sede Legislativa.
Cabe recordar que la comisión estudia 10 proyectos de ley relacionados con el área de comunicación. De ellos, uno es auspiciado por el Ejecutivo y nueve de iniciativa parlamentaria.
Jorge Corozo, titular de la mesa, anunció que hasta el 18 de julio recibirán observaciones a las referidas propuestas, luego de lo cual se elaborará una matriz con los planteamientos formulados por los diversos actores de la comunicación y se analizará el contenido de cada uno de los artículos.
El proyecto del Ejecutivo, entre otros aspectos, propone desarrollar, proteger y regular el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos en la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado.
Prevé que la ciudadanía se organice libremente en audiencias públicas, veedurías, asambleas, observatorios u otras formas organizativas, a fin de vigilar el pleno cumplimiento de los derechos a la comunicación por parte de cualquier medio de difusión. Los medios tendrán la obligación de divulgar los resultados de esta vigilancia.
A través del proyecto se agrega a los medios de comunicación institucional que son aquellos administrados y operados directamente por las instituciones públicas de las funciones del Estado y gobiernos autónomos descentralizados. Además, elimina a la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom.
Adulto mayor
De otro lado, los parlamentarios recibirán a la legisladora Silvia Salgado Andrade, quien expondrá el alcance del proyecto de Ley Orgánica para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que recoge las principales iniciativas normativas de los países andinos, así como propuestas propias que, permitirán enriquecer la legislación nacional de derechos para este sector social.
Salgado indicó que, si bien se han dado importantes avances a nivel nacional e internacional para garantizar los derechos de este grupo poblacional, aún se requieren mayores esfuerzos conducentes a mejorar las condiciones sociales y económicas en las que viven, así como mitigar los efectos negativos del envejecimiento, exigir un mayor compromiso del Estado, la comunidad en general, y las personas que legal y moralmente están obligadas al cuidado de los adultos mayores.
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