En el 2011 el Banco Nacional de Fomento -hoy en liquidación- adquirió 371 tractores chinos, de los cuales 94 pasaron a propiedad de pequeños agricultores, a través de créditos entregados por la propia institución. Los tractores resultaron de pésima calidad, lo que ocasionó graves perjuicios económicos a los productores, que hoy tienen que enfrentar deudas de 60 mil dólares y corren el riesgo de perder sus tierras y casas que pusieron como garantía.
El tema fue investigado por una subcomisión, liderada el asambleísta Juan Carlos Yar, quien informó que la denuncia la presentó, hace dos meses, un grupo de agricultores, especialmente del Carchi y que incluso la Defensoría del Pueblo, oportunamente, acogió esta inquietud y determinó que los responsables adopten respuestas concretas en defensa de los perjudicados.
Dijo que se comprobó que la negociación no contó con las garantía necesarias: calidad, repuestos, mantenimiento, al señalar que se pidió información, por escrito, al ministerio del ramo, a BanEcuador, pero que se limitaron a indicar que no tienen datos específicos sobre el proceso. Yar habló de la necesidad que toda la documentación pase a la Contraloría.
Comparecencias
La Comisión de Soberanía Alimentaria, presidida por Ricardo Zambrano, resolvió convocar próximamente a las autoridades del Ministerio de Agricultura, al exgerente del Banco Nacional de Fomento en Liquidación, a la Unidad de Almacenamiento (UNA EP), a BanEcuador y a la Defensoría del Pueblo, a fin profundizar en el esclarecimiento de la temática.
Socialización
La mesa definió, además, trabajar en territorio para socializar el contenido y alcances del proyecto de Ley que Regula la Producción y Comercialización de Banano, Plátano, Orito y otras Musáceas afines destinadas a la exportación, en base al borrador de informe que preparó la subcomisión, bajo la coordinación del asambleísta Patricio Mendoza.
En las ciudades de Quevedo (Los Ríos), Machala (El Oro) y El Carmen (Manabí) se cumplirán las primeras jornadas de debate. Mendoza aseguró que la propuesta tomó en cuenta las sugerencias del sector exportador y productor; establece un precio de sustentación de la fruta, la evaluación fitosanitaria, la prohibición de realizar nuevas siembras de banano destinadas a la exportación, la responsabilidad de la calidad, entre otros puntos.
A criterio de Carlos Falquez, autor del proyecto, en el negocio bananero están inmersos dos millones de personas, por lo que debería ser declarado de alta prioridad. Es fundamental mejorar la capacidad productiva de la caja por hectárea, enfatizó.
MG/pv
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