Luego de siete años de vigencia de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Loei), la Comisión de Educación abrió el espacio para la evaluación de posibles debilidades de la normativa, que pueden ser corregidas con reformas legales y potenciar las fortalezas.
La idea es que los actores públicos y privados del Magisterio: alumnos, padres de familia, docentes, rectores, asociaciones, gremios y la sociedad civil intervengan en el debate.
El equipo asesor de la comisión preparó una matriz, que contiene los alcances de las propuestas presentadas por ocho asambleístas, que englobaría alrededor de 65 cambios.
A criterio de la asambleísta Silvia Salgado, presidenta de la comisión, el período de siete años es todavía corto para evaluar integralmente la ley. Sin embargo, es el momento propicio para identificar ciertas debilidades y, a la brevedad del caso, fortalecerlas institucionalmente desde una base científica y con datos estadísticos.
En primer término, dijo, hay que afianzar el derecho constitucional a la educación y dentro del objeto y ámbito de aplicación se debe considerar los derechos, principios, obligaciones, modelo de gestión, la participación de los actores, la articulación con el sistema de educación superior, etc.
Teresa Benavides expresó que la ley con las debidas reformas tiene que convertirse en el instrumento que promueva el desarrollo de la educación y la real integración de la comunidad educativa.
Israel Cruz habló de obtener datos estadísticos sobre el número de centros en todas las modalidades, la cantidad de alumnos, niños que no han podido ingresar a escuelas y colegios, la situación de la desnutrición infantil.
MG/pv
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