Con una mezcla de sentimientos de indignación, esperanza, entusiasmo y tristeza, unos 700 jubilados de todo el país esperaban lo que el ministro de Educación, Fander Falconí, diría sobre el pago del incentivo por jubilación, que esperan desde el 2008.
El funcionario fue convocado por la Comisión Ocasional encargada de vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con este sector poblacional. Dijo que de parte de este Ministerio los procesos que a ellos les compete están concluidos: el trabajo técnico y administrativo. Han hecho cruce de cuentas y tienen los registros listos.
Antes de su explicación intervinieron representantes de varias agrupaciones de maestros. Júbilo fue, quizá, la sensación que más se sintió, pues sus compañeros defendían con vehemencia sus derechos que, aseguraron, los consagra la Constitución.
Y fue Édison Chila, de Esmeraldas, el que invocó varios artículos de la Carta Magna y otras normas que, dijo, respaldan su reclamo. Una de ellas la disposición vigésimo primera que habla de este estímulo mediante una compensación variable, de acuerdo con los años de servicio.
Con esa disposición desde el 2008 hasta el 2010, el gobierno debió cancelarles montos que van desde 30 a 36 mil dólares, pero, según el dirigente Luis Mora, se les pagó entre 12 y 16 mil dólares. Lo que reclaman, entonces, es que se les pague la diferencia y se respete la Constitución.
Indicaron que en el 2008, mediante un decreto ejecutivo, se les impuso una tabla de cálculo que perjudicó sus derechos y que lo mismo ocurrió, a partir del 2010, con el Acuerdo Ministerial 0094. Patricia Cabezas, de la Coordinadora de Maestros Jubilados, exigió que este último documento se lo derogue. Esa respuesta esperarán del Ministerio de Trabajo.
La líder también pidió que la Asamblea apruebe una Ley Interpretativa de la Disposición General Novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y con ello coincidió el Ministro de Educación. “Eso nos ayudaría a consolidar elementos estructurales de la deuda”, dijo.
Dicha disposición establece que los docentes que se acojan a los beneficios de la jubilación, tendrán derecho a recibir por una sola vez cinco salarios básicos unificados (SBU) del trabajador privado por cada año de servicio, contados a partir del quinto año, y hasta un monto máximo de 150 SBU, para cuyo efecto se efectuarán las reformas presupuestarias correspondientes en función de la disponibilidad fiscal existente.
El proyecto ya lo trabajó la Comisión ocasional y el informe para primer debate se someterá a votación en los próximos días, con lo que ya podría pasar al Pleno. Que el Ejecutivo no lo vete pidieron los asistentes.
La presidenta de la mesa, Norma Vallejo, pidió al Ministro que se revisen algunas inconsistencias que se han encontrado, que podrían generar problemas. Además solicitó que se investigue a personas que estarían cobrando a los jubilados un abono de 75 dólares o pidiendo su número de cuenta bancaria para descontarles un 5 % por las gestiones que están realizando. Falconí dijo que investigarán.
Durante la presentación del Ministro, en cambio, afloraron varios sentimientos, puesto que para muchos esos recursos son fundamentales para sobrevivir, comprar sus medicinas. Algunos ya no pudieron hacer, pues sus vidas se han apagado esperando esta compensación, enfatizó el dirigente de Cañar, Leonardo Mogrovejo. “No estamos pidiendo caridad, sino justicia”, agregó.
LILA/pv
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