El Pleno de la Asamblea Nacional debatió este martes el proyecto de resolución por el cual se busca condenar los delitos de violencia sexual cometidos en contra de los niños, niñas y adolescentes, expresar la solidaridad con sus familias, asumiendo el compromiso de la Asamblea para continuar con las acciones tendentes a proteger los derechos de quienes han sido víctimas de este tipo de delitos.
Silvia Salgado, presidenta de la Comisión Ocasional Aampetra, justificó esta resolución por cuanto el organismo ha entregado seis informes en torno al análisis de los casos de abuso sexual ocurridos en establecimientos educativos públicos y privados, que recogen el control político seguido a la gestión de las autoridades de educación, de la fiscalía, de la judicatura respecto de estos hechos.
Aclaró que la Comisión a su cargo no conoció los temas relacionados con abusos sexuales presuntamente cometidos por miembros del Clero ecuatoriano, sin embargo, la preocupación del país hace necesario que la Asamblea Nacional se pronuncie al respecto.
Destacó que es fundamental autorizar a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas Guerrero, presente ante la Corte Constitucional una acción interpretativa sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, aprobada mediante consulta popular de 4 de febrero de 2018.
Entre otros artículos, la propuesta incluye informar al Nuncio Apostólico en Ecuador sobre la preocupación de la sociedad ecuatoriana por los presuntos casos de violencia sexual cometidos por miembros del Clero ecuatoriano y que, como Estado parte de los Derechos del niño se entregue la información de los casos denunciados a las autoridades competentes y se tomen las medidas de protección conforme a la normativa ecuatoriana, con el propósito de prevenir, proteger, sancionar y reparar a las víctimas de violencia sexual y evitar la impunidad ante tan execrables hechos, por lo que solicita entregue a la Fiscalía la información concerniente a los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes conocidos por la Iglesia.
Entre tanto, Franklin Samaniego recordó que la sociedad está conmovida por los casos de abuso sexual contra menores en el ámbito clerical. “Exigimos mayor transparencia en la información, en el desarrollo de los trámites de investigación de estos hechos por parte de la Iglesia, que se reformen los procedimientos y se levante la reserva de esas investigaciones”, agregó.
A criterio del legislador Juan Cárdenas, la Asamblea Nacional no debe perder la capacidad de proteger, por todos los medios, a los niños, niñas y adolescentes, de manera que estos hechos no queden en la impunidad.
Entre tanto, Fernando Callejas cuestionó el hecho que en la propuesta de resolución no se incluya a los responsables políticos de los abusos sexuales en los establecimientos educativo, como el caso de las autoridades de educación, de la fiscalía y jueces que no han actuado con diligencia en estos delitos.
Mientras, Dallyana Passailaigue, en su intervención, formuló dos preguntas: ¿qué hemos hecho para que estos casos sean esclarecidos? ¿qué hemos hecho para que los responsables políticos de los abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes sean sancionados? Ante estas inquietudes, la legisladora dijo que es necesario que haya coherencia, no solo en la condena de esta clase de delitos, sino en la actuación de quienes teniendo el poder de ejercer el control político, hacerlo oportunamente.
Héctor Muñoz aseguró que es necesario enfocar el bien jurídico protegido en esta resolución, que es la protección del bien superior del niño, independientemente de quién sea el perpetrador de los abusos cometidos contra este sector de la sociedad.
La legisladora María Mercedes Cuesta subrayó que esto no solamente sucede en la Iglesia Católica, sucede en todos los ámbitos, “lo que me duele es que las más altas autoridades de la Iglesia hayan sabido de estos hechos y no hayan hecho nada para evitarlo”.
Este es un problema estructural y las soluciones, también deben ser estructurales, dijo el legislador Augusto Espinosa, al indicar que la respuesta a este tipo de delitos tiene que ver con cambios culturales, con formación académica, entre otras estrategias.
La asambleísta Marcela Aguiñaga se mostró partidaria de autorizar a la Presidenta de la Asamblea Nacional interponga una acción interpretativa de la imprescriptibilidad de los casos de delitos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes cometidos con anterioridad a la consulta de febrero de 2018.
Luis Fernando Torres dijo que no están tomando una resolución con eficacia jurídica, porque la Asamblea no tiene facultad para emitir exhortos dirigidos a la Santa Sede.
La primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, a cargo de la dirección del Pleno, suspendió el debate de este tema hasta que se establezca un texto consensuado. También, dispuso la suspensión de la sesión 526.
EG
