En dos etapas se dividió el Taller para analizar el anteproyecto de reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). En la mañana, la Comisión de Gobiernos Autónomos analizó un capítulo relacionado con las enmiendas constitucionales que se requerirían para que los cambios se armonicen con la Carta Magna.
Este capítulo anexo tiene que ver, según debatieron los asambleístas, con una mayor profundización de la democracia, más descentralización y gobernabilidad. La relación entre el gobierno central y los locales fue lo que centró un profundo análisis y en lo que concuerda la mayoría es que debe haber una articulación y coordinación obligatoria entre todos los niveles de gobierno.
Por el momento, se plantea, además, la eliminación de las regiones y reformas en la conformación del Consejo Provincial. En la norma actual se establece que estará integrado por un prefecto o prefecta, un viceprefecto o viceprefecta, por un alcalde o alcades y por concejales.
En el cambio se propone eliminar la participación de los alcaldes y concejales, quienes serían reemplazados por consejeros elegidos por votación popular.
Durante el Taller, los comisionados conocieron la matriz en la que se recogen las propuestas que realizaron los representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), los sectores productivos, académicos, expertos y ciudadanía, tanto en la Comisión, cuanto en territorio. La mesa visitó seis provincias. También dieron sus puntos de vista, que servirán para ir perfeccionando, eliminado o incrementando las propuestas.
En la tarde, en cambio, los parlamentarios debatieron las propuestas de reformas al Cootad. También coincidieron en algo, que siguió el hilo de los pronunciamientos de la mañana: quieren que los GAD gocen de total autonomía económica, política y administrativa. Este es el momento para lograr este objetivo, amparado en la Constitución, enfatizó el presidente de la Comisión, Montgómery Sánchez.
De su lado, Guillermo Celi consideró que es la oportunidad para lograr seguridad jurídica para los GAD y fortalecer su autonomía. Manifestó, además, la importancia de armonizar toda la normativa existente en esta materia para articularla y eliminar la “basura jurídica” que existe y hace daño a la administración pública.
LILA/eg
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