Santiago Zúñiga y Catalina Espina, en representación de la Sociedad de Médicos Posradistas del país, acudieron hasta la Comisión del Derecho a la Salud para solicitar que en el Código de Orgánico de Salud se les reconozca la seguridad social y un incentivo económico por el trabajo asistencial que realizan dentro del sistema nacional de salud, en su formación de profesional.
Las especialidades son urgentes en el país y lo que queremos es que nos ayuden a financiar para poder realizarlas, afirmaron, mientras que los asambleístas coincidieron que el tema de presupuesto le corresponde al Ejecutivo.
Santiago Zúñiga, aseveró que más de mil residentes de posgrado no tienen seguridad social ni una ley que los ampare en temas legales. “Si nos involucramos en un evento legal, en ese momento para el Estado sí somos un profesional, pero para el tiempo de práctica somos estudiantes”, enfatizó el galeno, al mencionar que el Estado los obliga a que durante cuatro años sean como fantasmas, que se mueven en las instituciones de salud.
“Somos profesionales de la salud en formación, no somos estudiantes de colegio, somos personas que estamos en contacto con la muerte y con la vida a diario; somos quienes estamos a cargo de la salud de sus hijos y familiares, con una carga laboral de más de 120 horas y es penoso que nadie lo reconozca”, enfatizó
Catalina Espina, posgradista, explicó que entidades de salud de todo el sistema nacional cuentan con su mano de obra, sin el cumplimiento de ciertos derechos como contar con una remuneración y garantías de seguridad social.
Pidió que se los reconozca como trabajadores de la salud, en toda la extensión de la palabra, toda vez que acreditan título de tercer nivel, al recordar que una beca es un reconocimiento a la excelencia académica, a la cual no se oponen, pero que no es sinónimo de remuneración por un trabajo.
Argumentó se atenta contra los derechos constitucionales, como el contemplado en el artículo 66, numeral 17, que establece que nadie será obligado a ejercer un trabajo gratuito o forzoso. Mencionó, además, el artículo 33 de la Carta Magna que determina que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado, así como normas internacionales que establecen que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre.
Análisis
Jorge Yunda dijo que los médicos graduados, que están optando por una especialización, que si bien estudian, laboran muchas horas extras que no han sido remuneradas. Muchos de ellos para estudiar el posgrado tienen que vender terrenos y hacer créditos muy cuantiosos, arriesgando su patrimonio, mientras quienes no pueden financiarse al no ser remunerados abandonan sus carrera. A su parecer, el Estado debe fomentar que estos profesionales se preparen y especialicen.
“Es un tema de explotación al que, muchas veces no se les provee ni de alimentación; en donde en ocasiones cumplen hasta 200 horas semanales, sin seguro social, sin remuneración y, para colmo, con responsabilidades penales”, aseveró.
Los asambleístas coincidieron en que no pueden ampliar el presupuesto, facultad que le corresponde al Ejecutivo. Manuel Ochoa dijo que, lamentablemente, el tema no está en manos de la Legislatura.
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