El Ministro de Finanzas, Richard Martínez, acudió a la Comisión de Desarrollo Económico para fundamentar el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Fomento Productivo, que busca fortalecer la dolarización y el proceso para la sostenibilidad fiscal; la consolidación de los incentivos a la inversión; así como clarificar y mejorar su aplicación.
El Titular de la Cartera de Finanzas subrayó que en el contexto macroeconómico se estableció la exoneración del Impuesto a Consumos Especiales (ICE) para dividendos de inversiones con capital fresco, de tal manera que motive la llegada de capitales y el fortalecimiento de la dolarización. Aclaró que, inicialmente, se determinaba como un mecanismo de exención a personas naturales residentes en Ecuador, cuando saquen sus dividendos que estaban exentos del impuesto a la salida de divisas. “Esa condición se cumplirá en tanto y en cuanto el capital que se haya traído al país sea capital fresco que genere esos dividendos. Esta es una condición sana para la dolarización y que se debe cumplir”, agregó.
Sobre la recomposición de activos del Banco Central, explicó que se creó un mecanismo más claro de desinversión para lograr que la reserva se fortalezca en el mediano plazo, así como la consistencia con la situación fiscal. Recordó que la Asamblea aprobó un plazo de tres años para esa desinversión y, como frente económico, establecieron un plazo de cinco años para evitar presiones fiscales fuertes e ir recomponiendo la reserva del Banco Central, de poco.
Indicó que todos los recursos que tiene en este momento el Banco Central están entregados en papeles a entidades como la Corporación Financiera Nacional para, en un momento determinado, corregirlos con activos y papeles mucho más líquidos que puedan estar en manos del Banco Central.
Richard Martínez manifestó que se deben perfeccionar las reglas fiscales y llegar a un equilibrio primario hasta el 2021. A largo plazo, se plantean metas estructurales como el equilibrio global, la convergencia y estructuralidad. Por ello, se realizó una variación de tramos diferente a lo que aprobó el Legislativo, por tanto, se analizó la estabilización entre el 2018-2021; y, a partir del 2021, aplicar la regla fiscal.
Para tener un manejo ordenado y sensato de la regla se tomó en cuenta la existencia de temas como catástrofes, estados de excepción que pueda declarar el Presidente de la República o una grave recesión económica.
A su vez, para llegar al equilibrio primario, se incluyó la optimización del gasto, que es lo que trabajan en estos meses, sin que ello signifique sacrificar temas sociales para las personas más vulnerables y necesitadas.
Richard Martínez, al referirse al techo del 40 % de la deuda, dijo que en términos conceptuales cada año se tiene que presentar un plan de convergencia para llegar a este porcentaje, aspecto que prevé la ley y es una responsabilidad cumplir, tanto desde el Ejecutivo, cuanto del Legislativo.
Manifestó que conviene determinar una meta de equilibrio de largo plazo donde el crecimiento del gasto sea sostenible con relación al crecimiento económico, así como mecanismos de transparencia y seguimiento, con informes periódicos para que la sociedad en su conjunto pueda conocer cómo se desarrolla este plan.
En cuanto a los incentivos para la inversión, el Ministro de Finanzas aseveró que a través de la propuesta del Ejecutivo se dio claridad a su aplicación en razón de que habían demasiados incentivos y, al final del día, podría ser perjudicial para su aplicación, tanto desde el Estado, cuanto del sector privado, al no saber a qué acogerse. Por ello, se incluyó a la agroindustria, asociatividad, cinematografía y audiovisuales, turismo comunitario, acuícola, pecuario, dentro de los sectores priorizados.
Así mismo, dentro del fomento a la inversión dijo que es conveniente establecer el concepto de generación de empleo neto que debe constar en el reglamento.
Mencionó que para bienes de capital se determinan facilidades de pago en tributación, el refuerzo de la política energética a través del 0% para los vehículos eléctricos.
De su lado, Marisol Andrade, titular del Servicio de Rentas Internas, aclaró que cuando se habla de remisión se refiere a la regularización respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias, que incluye a aquellos contribuyentes que aún no han sido sancionados, pero que tienen pendiente el pago formal de sus impuestos.
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