El Grupo Parlamentario por la Promoción y Defensa de la Participación Ciudadana, que preside la legisladora Lourdes Cuesta, con la presencia de 17 entidades gubernamentales y no gubernamentales, analizó el contenido del proyecto de Ley Orgánica de Organizaciones sin Fines de Lucro. El objetivo es elaborar una propuesta del articulado que será entregada a la mesa que tramita dicha normativa.
Cuesta indicó que el trabajo se centrará en debatir cada artículo del proyecto y preparar un documento que permita un marco claro que garantice el derecho fundamental y legal de la libertad de asociación.
Bajo estos argumentos, las organizaciones sugirieron que el proyecto lleve como nombre “Ley Orgánica de Organizaciones Civiles y Organizaciones Sociales”, a fin de garantizar lo que establece el artículo 13 de la Constitución, que reconoce y garantiza a las personas el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. Por tanto, sugirieron eliminar la frase, “sin fines de lucro”.
Boris Cornejo, en representación de la Mesa de Convergencia, señaló que al hacer un estudio del contenido del proyecto pudo evidenciar que la propuesta es débil en cuanto a las necesidades que tiene la sociedad civil de contar con un sistema promocional de incentivos, así como la ausencia de definición de roles.
Mientras, Marcelo Espinel, de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, recordó que para la construcción del proyecto se realizaron cuatro mesas de diálogo, en Quito y Guayaquil, con la participación de organizaciones de la sociedad civil. En estos encuentros se destacó la necesidad de garantizar la libertad de asociación a través de políticas públicas que vengan del Ejecutivo y que lo esencial es determinar procesos de fortalecimiento de la sociedad civil, para que se empoderen de este derecho.
Sobre este particular, Jairo López, técnico del Consejo de Participación Ciudadana, manifestó que es importante fortalecer a las organizaciones sociales, tanto de hecho, cuanto de derecho, tomando en cuenta mecanismos de promoción y formación ciudadana, a fin de que puedan hacer uso de los espacios que existen para ejercer los derechos de participación.
Entre tanto, Julio Ruiz, asesor del asambleísta Raúl Auquilla, propuso establecer bases conceptuales para determinar lo que va a regular el proyecto, es decir, el derecho a la libertad de asociación.
De su lado, Juan Carlos Rosero, del Observatorio Nacional de Movilidad Humana, indicó que el contenido del proyecto evidencia la eliminación de derechos de las personas a asociarse libre y voluntariamente, y se aprecia que busca es controlar a las organizaciones sociales.
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