Durante las primeras intervenciones en el Pleno de la Asamblea Nacional, los legisladores estuvieron de acuerdo en que el proyecto de Ley de Lucha contra la Corrupción es importante y debe estar dentro del interés de todos los legisladores y ecuatorianos.
Este cuerpo normativo reforma siete leyes y contiene algunas de las reformas planteadas por el Presidente de la República, Lenín Moreno, en el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, mientras que la prohibición de ejercer cargos públicos a quienes hayan incurrido en actos de corrupción, se aprobó ya en la consulta popular. Se le da las herramientas jurídicas a las autoridades para investigar los delitos relacionados a corrupción.
En el proyecto se aclara el alcance de la figura penal de asociación ilícita. Además se ratifica que los legisladores tienen capacidad para requerir información de forma individual y directa y se aclara sobre la inhabilitación para quienes hayan incurrido en delitos contra la administración pública. También consta la figura del comiso de bienes, que se adoptaría para que la ausencia del procesado no impida recuperar los recursos.
Para que se efectivicen los objetivos del proyecto, se reforma el Código Orgánico Integral Penal (COIP), las leyes del Servicio Público (Losep), del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la Función Legislativa, de Prevención y Lavado de Activos, del Servicio Nacional de Contratación Pública y el Código de la Democracia.
Comiso de bienes
El asambleísta Luis Fernando Torres aseguró que “todos deberíamos unirnos en los sanos principios de la honestidad para combatir, con hechos, la corrupción en el país. La lucha es de todos los días. Esta ley abre el camino para que se hagan reformas sensatas en el futuro para combatir la corrupción”, dijo.
Este proyecto regula el tema de comiso de bienes sin condena, con la reforma al artículo 69, numeral 1 del COIP se podrán comisar los bienes de aquellos que están procesados y no tienen sentencia. "Con los cambios no hay duda que cualquier fiscal a pesar de no tener el informe de la Contraloría puede empezar una investigación", explicó Torres.
Norma Vallejo propuso reformar el artículo 23 de la Losep en donde se considera que a los servidores públicos que denuncien hechos de corrupción se les entregue un reconocimiento de la institución en la que laboran. Ella cree además que debería garantizarse que no se les persiga, despida o destituya y pide que se les brinde asesoría jurídica. Con ese criterio coincidió el legislador Franklin Samaniego.
MC/pv
