Esteban Bernal, asambleísta por Azuay, denunció que el Estado debe devolver 145 millones de dólares a 23 mil familias que fueron afectadas por el cierre de 314 cooperativas de ahorro y crédito vinculadas al esquema de economía popular y solidaria, en la década pasada.
Explicó, como ejemplo, que una de las cooperativas en problemas, “Coopera” de Cuenca, fue disuelta y está en liquidación, debido a que presentó movimientos irregulares con pérdidas aproximadas de 130 millones de dólares, afectando a 117 mil personas.
Recordó que la quiebra de Coopera se produjo por presunta malversación de los fondos de ahorros, que se habrían utilizado para pagar campañas políticas y por un supuesto lavado de dinero, temas que aún están en investigación.
Según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en ese mismo estado se encuentran varias cooperativas en provincias como Tungurahua, Pichincha, Chimborazo, Cotopaxi, Loja, Guayas y Bolívar, entre otras.
Entre tanto, la asambleísta Jeannine Cruz subrayó que un caso similar atraviesan seis mil familias lojanas que fueron perjudicadas en alrededor de 80 millones de dólares debido al cierre de 14 cooperativas, en proceso de liquidación. Agregó que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) no dio seguimiento al caso. Anticipó que solicitará una fiscalización y auditoría a los entes responsables de realizar los controles.
Se mostró contraria a que la Superintendencia de Bancos realice esta auditoría, porque ese rol le corresponde a la SEPS.
Los asambleístas Bernal y Cruz anunciaron que propondrán reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero para que se liberen recursos que permitan cancelar las acreencias a miles de familias que fueron afectadas por la quiebra y el cierre de determinadas cooperativas en el país.
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