Hasta la mesa legislativa que preside Liliana Durán, llegaron representantes de varias organizaciones de trabajadores para respaldar el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público para Simplificar el Proceso de Cumplimiento de la Consulta Popular Efectuada el 19 de febrero de 2017.
En la norma se plantea que la declaración patrimonial juramentada será presentada ante el notario público únicamente en el caso de los servidores públicos elegidos por votación popular y aquellos contemplados en el jerárquico superior, en la que se incluirá autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias; declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias; y, declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o prohibiciones previstas en la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente.
José Villavicencio, del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), se mostró contrario a que el trabajador presente una declaración juramentada notariada, aduciendo que muchos de ellos no tienen ni para el pasaje. Por tanto, es partidario que solo lo hagan aquellas personas elegidas en las urnas y las de libre nombramiento y remoción, como consta en la propuesta. Para ello, pidió se reforme el artículo 5, literal g) de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).
Recordó que la consulta popular referente a la imposibilidad de que puedan ser servidores públicos las personas que tengan dinero en paraísos fiscales originó una mala interpretación en la mayoría de las instituciones del Estado, que dispuso que los funcionarios hagan una nueva declaración, la misma que no debió efectuarse, con el agregado que si no lo hacía, sería desvinculado de su trabajo.
Washington Muñoz, de la Asociación de Trabajadores Administrativos con Nombramiento Permanente del Ministerio de Salud Pública, consideró indignante que como servidores públicos tengan que levantar el sigilio de cuentas bancarias. “De qué cuentas bancarias podemos hablar si tenemos un ingreso pequeñísimo”, dijo, al subrayar que se les pone restricciones lesivas a sus intereses, lo cual se debe regular.
Jaime Arciniegas, del Parlamento Laboral, valoró la propuesta, pues, le parece “supremamente” importante que el tema de la declaración notarizada se exija efectivamente a quienes sí están dentro del círculo de las potencialidades de tener altos recursos, es decir, aquellos funcionarios de libre remoción, asesores, consultores, quienes deberían mostrar ante el pueblo ecuatoriano que no tienen recursos en los paraísos fiscales y, si los tienen, debería comprobarse por qué los tienen. Coincidió que muy difícilmente un trabajador “de a pie” pueda tener gran cantidad de recursos, para llevarlos a paraísos fiscales.
Norma Vallejo, autora del proyecto, aclaró que en la disposición única que se plantea habrá un plazo de 15 días para que la Contraloría haga constar en formulario administrativo de la declaración patrimonial un inciso donde incluya la declaración administrativa, no necesariamente notarial para el caso del trabajado en general.
Por su lado, Karina Arteaga propuso que se incluya a las personas que están vinculadas con el aérea financiera.
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