El nuevo momento político que vive la Asamblea Nacional, caracterizado por la recuperación de su autonomía, respeto a la independencia de funciones, fortalecimiento institucional, gestión eficiente y conectado con la ciudadanía, le permitió al Parlamento plantear una Agenda Legislativa Priorizada, que incluye los temas más urgentes para la ciudadanía.
Algunos ya tienen respuestas, otros están en camino. Su presidenta, Elizabeth Cabezas, los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y los jefes de bancadas políticas presentaron a los medios de comunicación nacionales e internacionales los avances alcanzados.
La hoja de ruta, construida en consenso con las principales autoridades y representantes de las bancadas políticas, recorrerá el período que va desde mayo de 2018 a mayo de 2019, en tres fases. La primera comprende de mayo a agosto de este año y la Asamblea presentó los primeros resultados.
En estos cuatro meses, hasta el lunes, 13 de agosto, se aprobaron nueve instrumentos jurídicos, en temas económicos, institucionales, de desarrollo productivo, empleo, seguridad y derechos. Mientras, en Fiscalización y Control Político, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó cinco pedidos de juicio político. Se destacan, además centenares de comparecencias y pedidos de información.
Pero, la Asamblea fue más allá. Priorizó la participación ciudadana en la construcción normativa y atención a sus demandas: recibió a 462 representantes de organizaciones sociales, colectivos y gremios; 12.569 ciudadanos participaron en la socialización de leyes; y 2.783 personas fueron atendidas en las 24 casas legislativas.
Legislación
Antes de la Agenda Legislativa, el Pleno dio paso, inmediatamente, al mandato popular, para reformar la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y derogó la denominada Ley de Plusvalía, a fin de incentivar mayor participación social y reactivar al sector de la construcción.
Después, con la ruta trazada, aprobó la Ley Amazónica, que busca que los recursos de esta región se reinviertan para su desarrollo, con estricto respeto y conservación de la naturaleza. La Ley de Desarrollo Fronterizo fue otra prioridad. A través de esta norma se crea mecanismos para promover el desarrollo socioeconómico de los cantones fronterizos y afianza una cultura de paz.
En tanto, la reformas a la Ley de Aviación Civil pretenden prevenir los accidentes o incidentes aéreos y, para ello, aseguró recursos para la Junta Investigadora de Accidentes y fijó un plazo de 12 meses para que se entreguen los resultados de las investigaciones. Con las reformas a la Ley de Seguridad Social se incrementan las pensiones para el seguro social campesino de 65 a 100 dólares, con efecto retroactivo, desde enero de este año.
Las reformas a la Ley de Educación Superior amplían la oferta educativa, las posibilidades de acceso y asegura recursos a las entidades de educación superior, mientras que la Ley del Adulto Mayor genera mecanismos para una protección integral de sus derechos.
La Asamblea también resolvió el proyecto urgente de Fomento Productivo y permitió que se creen incentivos para nuevas inversiones, el fomento productivo y la generación de empleo. Además, plantea beneficios para reactivar a los sectores agrícolas, pesquero, agroasociativo, turístico, emprendedores, economía popular y solidaria, entre otros, así como mecanismos para la sostenibilidad y equilibrio fiscal.
El trabajo continúa en las diferentes comisiones, que socializan y preparan los informes para primer y segundo debate de los proyectos incluidos en la Agenda Legislativa, como Código de Comercio, reformas a la Ley de Comunicación y Código de la Democracia. En tanto, en el Pleno se encuentran en el debate, en segunda instancia, los proyectos de Ley de Lucha Contra la Corrupción y Ley de Eficiencia de Trámites.
Fiscalización
Tres vertientes claves se desarrollaron en Fiscalización y Control Político: las comparecencias de funcionarios públicos, pedidos de información y juicios políticos. En este último tema, el CAL calificó cinco pedidos de juicio político.
De estos, el Pleno censuró al ex fiscal del Estado, Carlos Baca, mientras que los expedientes del ex superintendente de Bancos, Christian Cruz; y de los miembros del Consejo de la Judicatura no se aprobaron en la Comisión de Fiscalización. Con la calificación del CAL, ahora se tratarán dos nuevos casos, en contra de los ex ministros de Finanzas, Carlos De la Torre, y de Agricultura, Rubén Flores.
En solicitudes de información, los parlamentarios requirieron, directamente, sin pasar por la presidencia de la Asamblea, 516 pedidos a instituciones públicas, mientras que en las diferentes comisiones y en el Pleno se presentaron 317 comparecencias.
LILA
