Este agosto la Comisión Ocasional Aampetra, encargada de investigar los casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, culmina sus funciones. Su presidenta, Silvia Salgado, habló del trabajo realizado durante un año de gestión.
Explicó que la mesa legislativa se enfocó en cuatro ejes: investigación de los casos, control político a las instituciones que tienen injerencia en esta problemática, evaluación normativa y participación ciudadana. Sin embargo, destacó que en el transcurso del trabajo fueron asumiendo otros compromisos con las víctimas.
Por las recomendaciones de la mesa, se reabrieron 500 casos a nivel judicial y administrativo. En tanto, varios ministerios brindaron atención a las víctimas, como ayuda psicológica, acompañamiento integral, intervención a 8 unidades educativas, 136 auditorías en el sistema educativo, se destinó 67 millones de dólares para los Departamentos de Consejería Estudiantil, entre otras acciones.
Investigación
En cuanto a la investigación, hasta junio de 2018 los casos que conoció directamente la Comisión llegaron a 57, a través de los testimonios de familiares, expedientes, oficios. En los primeros días de gestión, en septiembre de 2017, la mesa se enteró de 30. Con la información que disponía remitió a diferentes instituciones como Fiscalía, Defensorías Públicas y del Pueblo, ministerios, entre otras.
Lo que Salgado destaca es que, a partir del conocimiento de estos casos, se ha despertado una cultura de denuncia, sin embargo, aún el porcentaje de silencio es elevado. Dijo que en el sistema educativo se pasó de 300 casos de violencia sexual a más de 7 mil y a nivel nacional, en general, llegan a más de 27 mil. Aquí no se suma ningún porcentaje de los tres mil casos de embarazos de menores de 14 años e insistió en que “todavía hay un subregistro”.
Control político
La Comisión realizó control político a los ministerios de Educación, Justicia, Salud, Inclusión Social e Interior; a las defensorías del Pueblo y Pública; Consejo de la Judicatura; Fiscalía; Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional.
Con la información recabada elaboró seis informes que fueron enviados a las diferentes instituciones, con los antecedentes, conclusiones y recomendaciones. Después, realizó un seguimiento sobre el cumplimiento de las sugerencias realizadas. “Hay muchos pendientes”, sostuvo la asambleístas.
Uno de los principales problemas que identificó Aampetra es que no existe una articulación institucional y un Estado que no estaba preparado para frenar esta problemática. Tampoco había un registro unificado de casos, en el contexto educativo un modelo que dejó a un lado el ser humano, naturalización y ocultamiento de la violencia, entre otros aspectos.
Según Salgado, también se determinó que las instituciones carecían de protocolos de actuación. “Un Ministerio de Inclusión Económica y Social, que gestionaba programas con atención a cerca de 100 mil niños no tenían un protocolo de cómo tratar estos casos”, ejemplificó. Indicó que ahora todas las entidades tienen que tener protocolos articulados.
Evaluación normativa
Después del estudio que realizaron sobre estos casos, la presidenta de la Comisión advirtió que, por lo menos, se debe reformar una decena de leyes, entre ellas el Código de la Niñez, Ley de Educación Intercultural, Código de Trabajo y Código Penal.
Participación ciudadana
La Comisión priorizó la escucha a las víctimas y familiares, así como la intervención de organizaciones sociales y autoridades del Estado, quienes participaron en 13 comisiones generales.
LILA
