El proyecto de Ley del Adulto Mayor, aprobado por la Asamblea Nacional, actualiza la legislación nacional de acuerdo con los tratados e instrumentos internacionales que garantizan los derechos de este sector social, subrayó la asambleísta Jeaninne Cruz, vocal de la Comisión de Derechos Colectivos, organismo que tramitó este cuerpo legal.
A través de esta ley, hemos actualizado la normativa que rige en el país desde la década de los 90 del siglo pasado y era necesario cubrir los estándares internacionales, de acuerdo con los convenios vigentes, legalmente adoptados por Ecuador, añadió.
Si bien existían algunos beneficios, como por ejemplo, la exoneración del cincuenta por ciento en el pago de planillas de luz eléctrica o agua potable, sin embargo, la responsabilidad de su aplicación por parte de los gobiernos autónomos descentralizados no se ha respetado, es por ello que en esta ley se exige que dichas autoridades asuman esta obligación para con los adultos mayores. Se incluye el acceso a internet y telefonía celular, entre las nuevas garantías.
Jeaninne Cruz destacó el derecho a la manutención de los adultos mayores, a través de los hijos y otros parientes cercanos, ya que era frecuente que estas personas queden en el abandono absoluto.
Sistema integral
La legisladora por la provincia de Loja, resaltó la creación del Sistema Integral de Protección y Cuidado al Adulto Mayor, lo cual implica que las distintas funciones y entidades del Estado están llamadas a prestar atención oportuna a las demandas de este segmento poblacional. Por ejemplo, en materia de salud, ya que la mayoría de los adultos mayores busca es envejecer con dignidad y ha reclamado tener acceso gratuito a los centros de salud.
Agregó que el principal problema en este ámbito es la falta de especialistas en gerontología y la falta de medicinas, por lo cual la norma establece la obligación del Estado de precautelar la provisión de estos servicios.
Indicó que se espera partir de bases sólidas, con el establecimiento de un registro de los adultos mayores en todo el país, con la respectiva categorización de su condición de pobreza, nivel de instrucción y demás, a fin de establecer la política pública de atención que cada uno de estos segmentos requiere.
EG
