Las reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aprobadas por la Asamblea sobre la base del pronunciamiento popular del pasado 4 de febrero, garantizan la presencia paritaria y equitativa de mujeres y hombres en la elección de los nuevos miembros definitivos de este organismo, así como el respeto del principio de interculturalidad, subrayó la legisladora Encarnación Duchi, quien formó parte de la Comisión Ocasional que desarrolló los resultados del referéndum y consulta 2018.
La legisladora aseguró que el proceso de discusión de este cuerpo jurídico involucró a los diversos sectores organizados de la ciudadanía, así como a los representantes de los ecuatorianos residentes en el exterior, quienes expresaron su deseo de ser considerados dentro de la selección de candidaturas y la distribución de las consejerías, luego de cumplida la elección por voto popular.
Recordó que, según la normativa, se acreditarán los cargos a los tres mujeres y tres hombres más votados y si hasta el sexto lugar no hubiese un representante de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, la séptima consejería corresponderá a este sector. Así mismo, los ecuatorianos migrantes estarán entre los suplentes.
La asambleísta Duchi explicó que entre los requisitos más importantes para ser postulantes al Consejo de Participación Ciudadana está la prohibición de que sean afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos, durante los últimos cinco años, o hayan desempeñado una dignidad de elección popular en el mismo lapso; o que cónyuges, tengan unión de hecho o sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el Presidente, Vicepresidente de la República, los miembros del Consejo Nacional Electoral, los delegados provinciales o funcionarios inmersos en la verificación de requisitos, asambleístas, prefectos y alcaldes, así como otras autoridades, lo cual garantizará total independencia de los próximos funcionarios.
Resaltó, además, que podrán postularse ciudadanos a título individual o con el auspicio de organizaciones sociales, para lo cual tendrán que acreditar su trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción, o reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general.
En definitiva, agregó, se trata de una ley que establece con claridad los requisitos, procedimientos y mecanismos para la postulación y selección de candidatos, así como para la verificación del cumplimiento de los perfiles y las certificaciones que demuestren su compromiso con las luchas sociales, populares, la interacción en organizaciones sociales y sus iniciativas en el ámbito de la participación ciudadana.
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