Los vocales del Consejo de la Judicatura no han sido capaces de dictar políticas para mejorar el nefasto sistema judicial del país: Mauro Andino

Miércoles, 20 de abril del 2011 - 02:00 Imprimir Elaborado por: Sala de prensa

Continuando con la argumentación de sus acusaciones, el asambleísta Mauro Andino Reinoso, aseguró que los vocales del Consejo de la Judicatura no han sido capaces de dictar políticas para mejorar el nefasto sistema judicial que existe en el país y que se justifica, vanamente, con endilgarle esa responsabilidad al Consejo Consultivo.

Andino dijo que en la defensa de Herman Jaramillo se evidencian tremendas contradicciones, por un lado, dice que no se pueden dictar políticas para el mejoramiento de justicia, mientras que, por otro, atribuye esa facultad al Consejo Consultivo.

Indicó que esa falta de políticas para el manejo de las audiencias en materia penal, reconocida por el propio Benjamín Cevallos, redundó en que en menos de dos años existan más de 40 000 audiencias fallidas, al tiempo que preguntó por qué no se sanciona jueces y demás funcionarios judiciales, cuando el pueblo ecuatoriano exige acciones concretas para garantizar su derecho a la justicia.

“Si se implementaban políticas se habría evitado que en un año más se tengan 60 u 80 mil audiencias fallidas, porque para eso está el Consejo de la Judicatura, como órgano de gobierno, control y disciplina. De esta manera se habría evitado que estén en las calles violadores, asesinos, secuestradores, narcotraficantes, usureros, entre otros, prevaleciendo la figura de la caducidad preventiva”, añadió.

Finalmente, indicó que se ha hablado de deficiencia en planificación y ejecución de presupuestaria del Consejo de la Judicatura, de la cual existe una certificación del Ministerio de Finanzas sobre la ejecución presupuestaria del 2010, en la que codificaron más de 219 millones que recibió el Consejo de la Judicatura, de los cuales devengaron 199 millones.

Es decir, la falta de ejecución demuestra que los vocales del organismo no fueron capaces de ejecutar 20 millones de dólares, que habrían servido para modernizar el sistema judicial.

RSA/eg

 

 

 

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